Tras la jornada electoral del 5 de junio, Carlos Joaquín y los otros seis gobernadores que triunfaron bajo la bandera panista, se reunieron en Ciudad de México con Ricardo Anaya, dirigente nacional de ese partido, para definir la agenda programática de sus gobiernos. 

Según se desprende de lo expresado por Anaya en mesas con periodistas, de exclusivas y discursos, son tres ejes que las administraciones estatales deben desarrollar. Para ello se reunirían cada mes a revisar un tablero de indicadores.

“Desde el primer minuto se ha pensado en no fallarle a la gente que vio en nosotros una alternativa de cambio responsable”, ha repetido el líder, quien, por cierto, es criticado por referentes morales de su instituto al no garantizar piso parejo para las aspiraciones electorales, condicionadas por él.

El primer eje: el cambio consta en evitar la crisis de credibilidad, colocando a personas honradas y dando resultados. En un momento en que las temáticas en torno a corrupción, influyentismo e impunidad acaparan los espacios, es vital exhibir pulcritud. 

El segundo refiere subir el nivel de discusión pública y hallar soluciones en inseguridad, desempleo, desigualdad, pobreza y otros tópicos de atención prioritaria. Si bien estos varían de acuerdo con las necesidades de cada región, son de interés común en el país.

El tercero, “se trata de no tener gobiernos que controlan la prensa, que cooptan a los Poderes Legislativo y Judicial, al órgano auditor o a la Comisión de Derechos Humanos”, puntualizó el blanquiazul en un programa televisivo. Se supone que incluye a órganos descentralizados, delegaciones y otros entes públicos.

A poco más de un mes de asumir funciones, con la mayoría de los nombramientos presentados y las primeras decisiones conocidas, los quintanarroenses se preguntan si es lo que eligieron y si cumplen o no lo ofrecido en campaña o en sus primeros días como electo, cuando la efervescencia por la victoria estaba en su apogeo.

Digamos que van de menos a más. Los “peros” surgen cuando se analizan perfiles y designaciones, pues no todos convencen; se filtran despidos de burócratas aun cuando no amerita; perduran dificultades con representantes de los medios; se cuestiona la autonomía de Poderes, o se compara con los avances judiciales en Veracruz, ya que aquí son lentos.

El beneficio de la duda caducó y las expectativas comienzan a estrellarse con la realidad, una heredada con crisis financiera y caos administrativo, con ingredientes de la actual: novatez en algunos, soberbia en otros y revanchismo en muchos. Ello, aunado al poco tiempo del que disponen y con una elección “cercana”, complica el panorama.

Es cierto que el poder no se comparte y desterrar vicios es una obligación, aunque se perciben errores de cálculo por una suma voluntaria e involuntaria de factores que podrían afectar la imagen de un equipo que llegó gozando de confianza antes de tiempo.

Eso no implica desconocer aciertos, como el paquete de reformas en materia de disciplina financiera o los foros ciudadanos para el Plan de Desarrollo, entre otros; pero es hora de meter segunda. Lo mismo para los presidentes municipales cuyas acciones también funcionan como sostén del gobierno estatal.

Anaya Cortés sostuvo que no se perderían: “Tenemos clarísimo que el futuro está en sus gestiones”. Por eso nuestros cuatro compromisos, enlistó, son “transparencia y combate a la corrupción; respeto a las libertades y los derechos humanos”; “más inversión productiva, empleos y dinero en el bolsillo”, y “recuperar la paz y la tranquilidad”.

La línea es contundente y los objetivos compartidos. No se pierdan.

Desorbitado

Los que debieron irse apenas lo hacen y algunos siguen aferrados o camuflados, apostando al olvido. “Lentos, pero seguros”, habría justificado el secretario Francisco López Mena frente al apuro. Aunque la velocidad no está peleada con la precisión.