Cecilia Ricárdez/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- En plena era digital, cuando todos los contenidos subidos a las redes sociales se convierten en asuntos públicos y pueden afectar la vida, carrera, integridad y reputación de las personas, ya es posible borrar “la huella”, a través del servicio del Derecho al Olvido Digital, que puede costar de 20 mil hasta 850 mil pesos. 

Aunque esta garantía no está reconocida como tal, sí está implícita en el Art. 16 de la Constitución Mexicana y en Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares  a través de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) y es posible iniciar acciones legales para ejercerlos.

De acuerdo con Dídac Sánchez, presidente y fundador de Eliminalia, una empresa especializada en borrar datos de internet de particulares y empresas, en lo que va del año las solicitudes en el país han superados las de España, donde se encuentra la matriz de este negocio desde 2009. 

En México se han registrado hasta unas 250 solicitudes al mes, mientras que en España el número se redujo, pasó de cerca de 500 a 230 solicitudes, por lo que calificó como positivo y prometedor el avance de su labor en tierra azteca.

Actualmente cuentan con más de ocho mil clientes en 10 países, México es el último agregado de la lista de expansión.

En el marco legal de cada país en el que se instalan, su equipo se dedica a borrar uno por uno todos los enlaces que existan sobre una persona o empresa, iniciando si es preciso las acciones legales que lleven al objetivo deseado, con el fin de cuidar la reputación de sus clientes en internet, ya que el costo de una mala publicidad puede impactar los negocios, la vida laboral y hasta personal de los sujetos en cuestión. 

Destacó que sus principales clientes son las personas públicas, porque son más vulnerables en cuanto a su información.

Explicó que el servicio más solicitado por los particulares son la eliminación de fotografías, y el costo puede ser desde 20 mil pesos, alrededor de mil 200 euros, y se resuelve en hasta 15 días máximo, y en el caso de personajes públicos, la cifra se eleva a 680 a 850 mil pesos (40 a 50 mil euros), dependiendo de su relevancia pública; el periodo de borrado, va entre tres a 12 meses; no obstante, en promedio de cuatro meses se ha borrado la información, y el personaje en cuestión tendría una identidad oculta en internet.

A finales de abril pasado, declaró en la prensa nacional que entre sus clientes destacaba el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira; sin embargo, a pregunta sobre qué otros nombres de la clase política mexicana destacan en su cartera de clientes, respondió que por cuestiones de seguridad no podía revelarla, pero indicó que cuenta con una lista de figuras que están solicitando su servicio.

“Hay clientes que no sólo quieren eliminar, sino proteger información para que no los puedan secuestrar ni extorsionar”, detalló.

Por eso, dijo, se adaptan a una ley vigente, y quieren colaborar con el gobierno, “como profesionales con mucho tiempo en el sector, queremos crear y proponer una ley modelo a seguir, para que se adapte con las necesidades del país”.

Consideró que estas disposiciones traerán beneficios hasta para los medios de comunicación, ya que permitiría que la información siempre sea veraz y aquello que está comprobado y es transparente pueda seguir en sus páginas.

Lo anterior responde a la legislación actual, que no considera a los medios de comunicación como sujetos obligados. 

Estudio de Protección de Datos Personales entre Usuarios y Empresa realizado por Amipci