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ESPAÑA.- La preocupación por la seguridad de los menores ante los riesgos que supone internet, puede llevarnos a considerar justificado cualquier tipo de control sobre su actividad en aras del deber de protegerlos.

La instalación de aplicaciones de control parental o el acceso a las cuentas particulares de los menores en redes sociales se perciben, por lo general, como actuaciones amparadas, sin ningún género de duda, por el deber de los padres de velar por la integridad de sus hijos. Sin embargo, estas actuaciones pueden estar vulnerando derechos fundamentales de los menores, y pueden ser, incluso, constitutivas de delito, informó el portal El País.

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El pasado 29 de mayo, el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Pamplona absolvía a una mujer de un delito de revelación de secretos por colocar una aplicación en el móvil de su hija, menor de edad, para grabar sus conversaciones telefónicas. Fuera de nuestras fronteras, el 31 de mayo, el Tribunal de segunda instancia de Berlín denegaba a unos padres el acceso a la cuenta de Facebook de su hija fallecida, por considerar que el derecho a la intimidad de la menor y de los terceros que con ella se comunicaban estaba por encima de un posible derecho hereditario de los padres sobre la cuenta.

La primera conclusión que sacamos de estas dos resoluciones, es que la “vigilancia” de lo que hacen nuestros hijos en redes sociales, en contra de lo que pudiera parecer, no es libre. En el caso resuelto por el Juzgado de Pamplona, el fiscal solicitaba 4 años de prisión para la madre, lo que nos demuestra que las consecuencias jurídicas de este control pueden ser muy serias.

Los menores tienen reconocido su derecho a la intimidad en los mismos términos que los adultos. Lo que ocurre es que, en su caso, este derecho ha de convivir y encontrar un equilibrio con el deber de los padres de velar por su seguridad. De la ponderación de los intereses en juego, resultará si una determinada intromisión es o no legítima.