Agencia
TEHERÁN.- Detienen a exfiscal iraní acusado de la muerte de un prisionero en 2009, luego de varias semanas de búsqueda.

De acuerdo con Notimex, el ex fiscal general de Teherán, Saeed Mortazavi, cercano al ex presidente Mahmoud Ahmadineyad y condenado a prisión por su complicidad en la muerte de un detenido en 2009, fue hoy arrestado en la provincia de Mazandarán, en el norte de Irán, tras varias semanas de búsqueda.

Las autoridades trasladaron al exfiscal a la prisión de Evin de Teherán para cumplir su sentencia de dos años, impuesta en noviembre de 2017 por la muerte de Mohsen Rouholamini cuando se encontraba bajo custodia policial, un caso que originó polémica.

También te puede interesar: Ataque de Estado Islámico en Kabul deja decenas de muertos

Rouholamini había sido detenido durante las protestas reformistas que estallaron en Irán tras la reelección en 2009 de Ahmadineyad como presidente.

Mortazavi también fue acusado en enero de 2010 de ser el principal responsable de la tortura y muerte de al menos tres opositores en la prisión de Kahrizak durante la represión de las protestas de 2009.

En marzo pasado, cuando se iba a conocer su sentencia, el Poder Judicial anunció que no había encontrado a Mortazavi, generando rumores de que hubiera huido al extranjero, según medios iraníes.

Las críticas por la huida del exfiscal se hicieron virales en las redes sociales, donde los iraníes expresaron su incredulidad por las supuestas dificultades de las autoridades para capturara al condenado.

Otro hecho en el Mundo

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, revocó este domingo las reformas de la Seguridad Social que detonaron cinco días de manifestaciones inéditas, duramente reprimidas por la policía y las huestes sandinistas y han dejado al menos 30 muertos. El mandatario aceptó que sus propuestas no tuvieron “viabilidad” y crearon una “situación dramática”, por lo que daba marcha atrás en su implementación.

De acuerdo con información de El País, La reforma impuesta el miércoles por Ortega por decreto reducía las pensiones en un 5% y aumenta las contribuciones de empresas y trabajadores para rescatar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). El Gobierno pretendía recaudar así 250 millones de dólares (203 millones de euros).