Agencia
VERACRUZ, Veracruz.- El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz concluyó que el ex secretario de Seguridad Pública de la entidad, Arturo Bermúdez Zurita, no es responsable del desvío de 340 millones de pesos durante el gobierno de Javier Duarte, recursos que se dijo fueron destinados a varias empresas “fantasma”.

De acuerdo con información de Milenio, el fallo del ORFIS es definitivo y representa un revés para la administración de Miguel Ángel Yunes, la cual ha llevado a prisión a diversos ex servidores públicos del estado que trabajaron en la gestión de Duarte.

También te puede interesar: Llega a México el Contador de Javier Duarte (Video)

La fuente tiene en su poder copia de la resolución firmada por el Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.

Actualmente Bermúdez está interno y enfrenta un proceso como presunto responsable del delito de desaparición forzada.

En el documento se detalla que  Arturo Bermúdez, en su carácter de ex secretario de Seguridad, por el periodo comprendido  del 8 de julio de 2011 al 3 de agosto de 2016, “respecto de las observaciones FP-016/2016/014 DAÑ, FP-016/2016/015 DAÑ y FP-016/2016/016 DAÑ, no le asiste responsabilidad resarcitoria, toda vez que las pruebas presentadas a lo largo del presente proceso, entre ellas: documentales, de informes, testimonial, de inspección así como la documentación remitida, tanto por la Secretaría de Seguridad Pública, y por la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz, fue suficiente para desvirtuar su presunta responsabilidad…”

El ORFIS tampoco encontró responsabilidad en contra de José Nabor Nava Holguin, quien asumió la citada secretaría cuando Bermúdez Zurita dejó el cargo.

Por su parte, Alejandro Contreras Uscanga, ex jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, fue encontrado como responsable directo de un desvío de recursos, por lo que se le ordenó una indemnización por la suma de 94 millones 97 mil 848 pesos, que es el equivalente al monto de los daños causados a la Hacienda Pública, durante el ejercicio 2016 y una sanción pecuniaria consistente en multa por la cantidad de 51 millones 753 mil 816 pesos.

Uscanga aún puede promover un juicio de nulidad y amparo directo para tratar de demostrar su inocencia.