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HONDURAS.- El Jefe de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, y el Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla, expusieron los pormenores de la acusación presentada contra cinco diputados hondureños por malversación de fondos hecha este lunes en Tegucigalpa.

Jiménez Mayor dijo que los cinco diputados solicitaron 8.3 millones de lempiras (unos 340,000 dólares) de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional para que una ONG que se llama "Asociación nacional de productores e industrias de barrios y colonias de Honduras" ejecutaran proyectos sociales, informó el portal La Prensa Honduras.

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Sin embargo, la ONG desvió los fondos hacia cuentas de los diputados Héctor Padilla, Audelia Rodríguez, Augusto Cruz Asensio, Denis Santos y Eleázar Juárez; hacia otras ong y personas particulares.

Estos diputados recibieron al menos 15 cheques que fueron cobrados en efectivo el mismo día del giro y en otros casos fueron depositados en sus cuentas, de acuerdo a la investigación del organismo y el Ministerio Público.

La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del MP logró determinar que estos fondos fueron utilizados para menesteres personales.

La llamada "Red de Diputados" desviaba recursos destinados a obra pública para uso personal. (Foto: La Prensa Honduras)

El dinero fue repartido de la siguiente forma:

Héctor Padilla recibió 269, 469 lempiras

Audelia Rodríguez recibió 359, 280 lempiras

Augusto Cruz Asensio recibió 269,460 lempiras

Denis Santos recibió 449, 110 lempiras

Eleazar Juarez recibió 449, 110 lempiras

También están requeridas tres personas particulares, en el caso denominado como "La red de diputados".

Ufecic y la MACCIH solicitaron la inmediata detención de los diputados y el allanamiento de sus moradas, además se pidió la cancelación de su calidad de diputados de la República.

El fiscal general de la República, Óscar F. Chinchilla, aplaudió las actuaciones de la misión y de la unidad fiscal especial que lograron esta primera acusación directa contra altos funcionarios del Estado.