Agencias
VENEZUELA.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro podría enfrentar un proceso judicial que ha sido autorizado por el Congreso por presuntos hechos de corrupción que lo ligan a la constructora brasileña Odebrecht. 

El juicio no tendrá ninguna repercusión debido a que esos jueces no son reconocidos por las autoridades locales.

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Al grito de "¡Libertad, libertad!", la mayoría opositora del Congreso aprobó por unanimidad una solicitud de antejuicio de mérito contra Maduro que fue realizada por una treintena de magistrados exiliados que integran el llamado "Tribunal Supremo Justicia en el exilio". Éstos fueron nombrados el año pasado por el Legislativo y huyeron del país luego de que las autoridades ordenaran su detención para procesarlos por usurpación de funciones y traición a la patria.

Con 105 votos a favor de opositores y dos en contra de dos diputados oficialistas, la Asamblea Nacional determinó que existían méritos para continuar un proceso judicial por corrupción contra Maduro.

Con esta decisión los jueces exiliados tienen el camino abierto para "enjuiciar" al mandatario, aunque sus acciones no tendrán repercusiones internas debido a que fuera de la Asamblea Nacionalningún poder público en Venezuela los reconoce. En el país funciona actualmente un Tribunal Supremo de Justicia que controla el gobierno.

"La corrupción de ese hombre (Maduro) es la que hoy nos ahoga", afirmó el diputado opositor, Juan Guaidó, al defender el proceso contra el mandatario, y dijo durante la sesión que Maduro tiene que ser juzgado desde el exterior porque "Venezuela vive en dictadura".

El proceso contra Maduro fue iniciado por la fiscal general destituida, Luisa Ortega Díaz, que acusó al gobernante de solicitarle a Odebrecht 50 millones de dólares para su campaña presidencial en 2013, y entregó a los magistrados exiliados documentos y testimonios de ejecutivos de la empresa constructora que presuntamente implicarían a Maduro en delitos de corrupción y lavado de dinero. Ortega Díaz, quien por años respaldó al gobierno, fue destituida en agosto pasado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y poco después huyó del país.

La acción de la Asamblea Nacional fue rechazada por el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, que consideró el proceso como "nulo".

Saab condenó las sesiones que han realizado en los últimos meses los magistrados exiliados en Estados Unidos y Colombia, y dijo ayer en su cuenta de Twitter que los jueces pretenden "ilegalmente" acciones contra la democracia y Maduro.