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BRASIL.- La condena por corrupción al ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue ratificada por un tribunal de Porto Alegre, lo que compromete las aspiraciones del político izquierdista de un nuevo mandato en los comicios presidenciales del próximo octubre.

En una sesión de ocho horas, el recurso de Lula contra la condena que emitió el pasado julio el juez Sérgio Moro, cabeza visible de las investigaciones sobre la corrupción en Brasil, todavía los tres miembros del tribunal han votado por ratificar el fallo, lo cual supone el peor resultado posible para el político.

Los tres votaron por endurecer la pena, de nueve años y medio a doce años. No todo son malas noticias. El tribunal ha avisado que no va a dar la orden de prisión hasta que el ex presidente agote sus últimos recursos. Y aún puede evitar su inhabilitación política, al menos de manera inmediata, informa el portal El País.

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La sentencia implica que Lula queda declarado inelegible, aunque el líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) puede recurrir para aplazar su ejecución y ganar tiempo en un intento de llegar a unas elecciones en las que todas las encuestas le sitúan como el gran favorito.

La única esperanza que tenía de mantener ese margen era que el último de los magistrados absolviera a Lula, e impedir una condena unánime. 

Los magistrados han avalado los argumentos del juez Moro para concluir que Lula recibió un apartamento triplex en una playa del litoral de São Paulo, como un soborno de la constructora OAS, beneficiaria de contratos de la petrolera pública Petrobras. Los dos han rechazado las alegaciones de la defensa de que ni Lula ni su familia llegaron nunca a ocupar la vivienda y que no existe ningún documento que pruebe que el ex presidente es su propietario.

"La OAS fue el testaferro del verdadero titular del inmueble (Lula)", sentenció el magistrado João Pedro Gebran Neto, quien también consideró que existen "pruebas más allá de lo razonable de que el presidente fue uno de los principales artífices, sino el principal", del sistema de corrupción creado a través de los contratos de la Petrobras. Ese sistema, según los jueces, implicaba el pago de sobornos para financiar al PT y hacer favores personales a algunos de sus dirigentes.

Tanto los magistrados como la fiscalía insistieron en negar que el proceso tenga un carácter político, como vienen denunciando Lula y sus seguidores. "No juzgamos al hombre o al personaje, reconocido estadista, si no a quien cometió delito", señaló Gebran Neto, quien insistió en que los crímenes son más graves por el hecho de que fuesen cometidos por una persona que fue presidente de la República, ya que eso supone una "desestabilización del orden democrático".