Verónica Fajardo/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Los gobiernos locales que contraten empresas privadas para vender los servicios de agua potable y alcantarillado, estas deben ser vigiladas y observadas por instituciones como las universidades, para que evalúen con diagnósticos técnicos y económicos los beneficios de las concesionarias en los habitantes, indicó el doctor Felipe Arreguín Cortés, director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Las empresas concesionarias o con tecnologías innovadoras llegan y les venden a los municipios ideas modernas, pero los gobiernos desconocen si van a funcionar, por tal motivo es importante que las administraciones públicas deben asociarse con instituciones académicas para que le den un seguimiento de trabajo técnico.

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En el caso de Aguakan que brinda servicios de agua potable y alcantarillado, debería ser vigilada por instituciones académicas porque muchas empresas como éstas pueden traer la mejor tecnología, pero se debe analizar el sistema económico de la entidad porque sus costos son altos por el mantenimiento de su tecnología.

El tratamiento del agua tiene que ver mucho con el clima, la comida, el tipo de suelo, subsuelo y estas empresas pueden traer las mejores infraestructuras de Europa, Estados Unidos, China, entre otras naciones desarrolladas, pero sus climas son diferentes, “los gobiernos locales no deben permitir que se les vendan maravillas porque antes de dar una concesión deben hacer estudios científicos y tecnológicos para que aseguren costos-beneficios y evitar que estas empresas abusen de los usuarios”.

Cecilia Tortajada Quiroz, investigadora de Instituto de políticas públicas de la Universidad de Singapur, señaló que las empresas concesionarias que dan el servicio de agua potable y alcantarillado en México no deciden el costo de sus tarifas, sino están reguladas por el gobierno en turno de la entidad.

En México las empresas como Aguakan en Quintana Roo, no deciden los precios de los servicios del agua potable, son los gobiernos y las administraciones públicas las responsables en tener un estudio socioeconómico de su población para determinar los costos de estos servicios, “hace algunos años se pensó que el sector privado era más eficiente y hubo una gran presión para que los servicios se fueran a la iniciativa privada, pero no funcionó porque lo importante en el caso del agua es que se ofrezca cantidad y calidad del líquido, de no cumplir el único responsable es el Estado”.