Mauricio Conde/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Tan sólo en tres años, la pasada administración municipal de Benito Juárez ingresó por Tesorería la cantidad de 374 millones 176 mil 640 pesos con un centavo, por concepto del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en un 5% del saldo total que factura la Comisión Federal de Electricidad a todos los usurarios cancunenses, sin que reportara el destino y uso de este dinero.

En detalle, conforme datos obtenidos a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), más de 280 mil clientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que habitan en Cancún anualmente pagan alrededor de 130 millones de pesos por el alumbrado público y también cubre el costo por la luz que utilizan las lámparas que alumbran tanto al edificio sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI) (número de usuario 780050204575) como a los estadios del Atlante (782071202796) y al de Tigres de Beisbol (780031102052).

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También se encuentra en el listado de cuentas del servicio de alumbrado público por parte del Ayuntamiento de Benito Juárez el predio del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, ubicado en la confluencia de las avenidas Costa Maya y 20 de Noviembre, Región 227, donde existen más de 60 lámparas denominadas “soles” por su exorbitante consumo de energía eléctrica con el número de usuario 781041100615.

Cabe destacar que el ordenamiento para el cobro del DAP refiere que el Ayuntamiento asume el alumbrado de bienes inmuebles de su propiedad de uso común, pero en el caso de los estadios deportivos utilizados por equipos profesionales, los cancunenses tienen que pagar boleto para acceder a ellos, pese a que realmente son los que pagan todas y cada una de las lámparas con que iluminan sus espectáculos deportivos.

Incluso, este derecho no lo cubren algunos hoteleros locales que en lo individual se ampararon, pues como clase privilegiada en recursos económicos, los dueños de centros de hospedaje recurrieron a la justicia federal para inconformarse por este derecho que cobra el municipio a través de los recibos de CFE a cada uno de los usuarios, mismo que representa el 5% del saldo total de cada recibo, pero que no está contemplado por la Ley de Hacienda de los Municipios del estado de Quintana Roo.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado por la inconstitucionalidad de su cobro como “derecho”, puesto que materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, tributo que, es competencia exclusiva de la Federación, razón por la cual resulta contrario a lo previsto por el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5°, inciso a) de la Constitución Federal.

En similar sentido se ha pronunciado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ello se corrobora con las jurisprudencias del Tribunal Pleno y de la Segunda Sala, de números P.J. 6/88 y 2ª./J. 25/2004, cuyos rubros señalan, respectivamente: “ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.”

De tal forma que se considera ilegal este cobro que se factura cada bimestre a los usuarios en los recibos del consumo de la energía eléctrica y que por ejemplo, en el ejercicio fiscal de 2013 significó este Derecho de Alumbrado Público una captación de recursos por la cantidad de 118 millones 263 mil 214 pesos con 66 centavos, de acuerdo a las direcciones de Administración y de Operación de la CFE.

Al año siguiente, esta cantidad llegó a los 126 millones 533 mil 609 pesos con 14 centavos, y para 2015, según el INAI, los usuarios benitojuarenses pagaron 129 millones 379 mil 816 pesos con 21 centavos, sin que la pasada administración municipal rindiera informes de en qué se utilizó este dinero, en que cuentas se maneja, entre otros datos que eliminaran la opacidad en que se ha maneja este asunto hasta la fecha.

Creado este Derecho de Alumbrado Público durante la administración de Carlos Cardín, en enero de 2013 fue ratificado dicho convenio del municipio con CFE por parte del entonces presidente municipal Julián Ricalde con Jorge Humberto Gutiérrez Requejo, en su carácter de gerente divisional de la paraestatal, siendo testigo Gerardo Castañeda Adame, superintendente de zona Cancún.

Resulta que este derecho se cobra en parcialidades mensuales en cada recibo que expide la CFE a los usuarios. La época de pago corresponde a los periodos de facturación que por servicio expide la compañía de luz a los contribuyentes, y su monto no podrá ser superior al 5% de las cantidades que deban pagar por su consumo de energía eléctrica, aunque desde un inicio no se explicó cómo determinaron este porcentaje.

Se considera que la tarifa mensual por el servicio y mantenimiento del alumbrado público, será la obtenida como resultado de dividir el costo anual, global, general, actualizado y erogado por el municipio para la prestación de este servicio, entre el número de usuarios registrados ante la CFE en Benito Juárez.

Destaca que en el convenio original que suscribió con CFE el entonces presidente municipal Carlos Cardín, se precisa que la Ley de Hacienda Municipal establecía en los artículos 94, 94 A y 94 B, la facultad de los ayuntamientos para el cobro de un Derecho por Servicios de Alumbrado Público y Mantenimiento que el municipio otorga a través de sus contratantes a la comunidad, en calles, plazas, jardines y otros de uso común, previendo el pago de ese Derecho como contraprestación, mediante aportaciones equivalentes al 5% del importe del consumo de la energía eléctrica que conste en el recibo de pago de los usuarios de la CFE.

Sin embargo, con el paso de los años se modificó el articulado de la Ley de Hacienda Municipal y los anteriores numerales corresponden al manejo de animales en el Rastro Municipal, por ejemplo ya que a la fecha este tema corresponde al Artículo 113 que nos habla de Alumbrado Público.

Hasta el pasado mes de marzo de 2016, en el municipio de Benito Juárez conforme los números de cuenta del DAP existen mil 165 cuentas de los servicios de alumbrado público que tiene contratado la administración.

El conflicto jurídico empezó con el convenio suscrito el 27 de octubre de 1994, por Carlos Cardín, entonces presidente municipal de Benito Juárez; siendo Mario Ramírez Canul, secretario del Ayuntamiento y Mario Elsner Montañez, Tesorero municipal. Por parte de la CFE participaron Antonio Ghay Solís, gerente general de la División Peninsular y María Isabel Cardona Cruz, en su calidad de jefa del Departamento Jurídico de la paraestatal.