Pedro Olive/SIPSE
CANCÚN,  Quintana Roo.- En caso de que el próximo 1 de julio más de 35% del padrón electoral de Benito Juárez (554 mil) vote a favor de la operación de plataformas digitales en materia de transporte público, el Poder Ejecutivo tiene un plazo de dos meses a partir de la publicación de resultados de la elección en el Periódico Oficial en el Estado de Quintana Roo, para que inicien operaciones las Empresas de Redes de Transporte (ERT).

El artículo 89 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, establece que después de las votaciones, y una vez realizado el conteo de votos, los resultados deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo para su posible aplicación, esto dependerá del número de participantes en la jornada electiva.

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La misma ley en el artículo 91 refiere que los resultados de la consulta popular deberán ser aplicados obligatoriamente cuando participe el 35% del listado nominal actualizado, y se tomará  en cuenta del resultado dominante, es decir, la mitad más uno de las opiniones en uno u otro sentido; en el caso de esta primera consulta, la autorización de operación de las ERT.

El artículo 94 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, establece que el Titular del Poder Ejecutivo o, en su caso, el ayuntamiento, emitirá un acuerdo que detalle las acciones que correspondan para atender el sentido del resultado, en un período no mayor a los 60 días naturales a partir del día siguiente de la publicación de los resultados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

“Dependerá de los resultados de la consulta pública del próximo 1 de julio, la pauta a seguir para la aprobación de operación de Empresas de Redes de Transporte (ERT), en este caso Uber en Benito Juárez”, dijo Mario Baeza Cruz diputado de la Comisión de Transporte de la XV Legislatura del Congreso del Estado.

La solicitud de someter a votación la aprobación de operación de ERT, fue hecha por Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado, y fue aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, siendo esta la primera consulta popular desde la publicación de la citada ley en 2005.

“Deja de ser consulta y se vuelve obligatoria la aplicación del resultado, cuando participa el 35% del padrón actualizado, y la entrada en vigor es casi inmediata; en este caso la operación de las plataformas digitales pueden estar vinculadas con la aprobación de la iniciativa de movilidad, o de manera independiente”, comentó Jesús Zetina Tejero, diputado de la XV Legislatura del Congreso del Estado.

El incumplimiento de los efectos de los resultados de la consulta popular vinculantes es considerado omisión en perjuicio del interés público, por lo que amerita una sanción con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.