El gobierno federal asignó un presupuesto anual de mil 053 pesos para atender las necesidades en salud de cada uno de los 449 mil 562 habitantes de Quintana Roo que no cuentan con seguridad social.

El acuerdo de coordinación firmado entre el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Secretaría de Salud del estado indica que para 2022 se estableció una ministración de 491 millones 796 mil 343 pesos, que se pagarán en aportaciones trimestrales.

Con este recurso, la entidad tiene la obligación de garantizar la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos a ese sector de la población.

Sin embargo, el convenio indica que hasta 50% de estos pueden ser utilizados por la Secretaría para el pago de plantillas de personal, cuyas funciones se encuentren directamente relacionadas con la prestación de servicios de atención a las personas sin seguridad social.

Asimismo, cuando menos 20% del total de los recursos transferidos deberán destinarse a acciones relacionadas con la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, indica el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, casi la mitad de las personas que no cuentan con seguridad social se concentra en el municipio de Benito Juárez, seguido de Solidaridad, Othón P. Blanco, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Lázaro Cárdenas, Bacalar, José María Morelos, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Ulises es uno de los tantos quintanarroenses sin acceso a los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste) u otra institución. Recientemente contrajo una enfermedad gastrointestinal que provocó que desembolsara más de mil 500 pesos en consultas y medicamentos.

“Me parece que es muy poco, en comparación con lo que se puede llegar a gastar en una consulta, más si hablamos de una enfermedad más compleja, como un cáncer. Si teniendo acceso al IMSS o al Issste hay carencias, del lado de quienes no tenemos nada las condiciones son mucho peores, entonces a veces sólo nos quedan los consultorios de farmacia”, dijo.

Las estadísticas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) revelan que durante la emergencia sanitaria, 26% de las personas sin derechohabiencia se atendieron en los servicios de salud públicos, 24% acudió a los Consultorios Adyacentes a Farmacias y 45% a consulta privada.