Lleva un año revisión de patentes borgistas

Establecimientos que venden alcohol adulterado funcionan con total libertad.

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Algunas patentes obtenidas no fueron con los protocolos correspondientes. (Foto: Ivette Y Coss/SIPSE).
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Stephani Blanco/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Las patentes de bebidas alcohólicas que el gobierno del estado en la administración de Roberto Borge Angulo casi “regaló” tienen una revisión exhaustiva que ya tiene un año  que ha permitido a los negocios seguir operando con normalidad.

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El proceso ha tardado ya que no pueden ser discrecionales y es necesario ir caso por caso pero quienes pagaron entre $500 y seis mil pesos les serán retiradas al menos que paguen el valor real de la misma, mencionó Juan Vergara,  secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

“Aquellos negocios que dijeron haber pagado una diferencia en efectivo y no tienen un comprobante también les será retirada”, mencionó.

Además de las patentes a bajo costo la Sefiplan va iniciar el retiro de las mismas a aquellos establecimientos que vendan alcohol adulterado y hasta el momento van 15 expedientes que ya abrieron y que ahora están en el proceso de ser revisados mediante auditorias forenses, de llegar al resolutivo será por dos razones: salud y seguridad pero tienen un proceso ya que no pueden aplicar la ley a “rajatabla”.

Las licencias que detectó la nueva administración son 560 que fueron entregadas en el período del 6 de junio al 23 de septiembre de 2016, cuando aún gobernaba Borge Angulo que está detenido de manera preventiva en Panamá y en espera de su extradición a México, y en la mayoría de los casos hubo recibos oficiales y con sellos.

En Quintana Roo hay 12 mil licencias para la venta de bebidas alcohólicas que están entregadas y además de que no van a permitir que las mantengan quienes pagaron poco menos aquellos que venden alcohol adulterado. 

La Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) tiene ocho casos a los que les recomendaron que procedieran con amparos ya que el tema es más de moral y la representación del sector no puede verse afectada, mencionó Juan Pablo Aguirre, presidente de la Canirac.

“Aunque son legales no fueron obtenidas por el protocolo indicado y por ello es que la recomendación para quienes creían que la autoridad estaba actuando mal fue realizar el amparo”, agregó.

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