Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Gobierno del Estado trabaja para la posible integración de una Asociación Público Privada que permita la construcción de una nueva cárcel en Quintana Roo que daría fin a los problemas de hacinamiento.

Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado, dijo que un nuevo centro penitenciario vendría a resolver varios de los problemas a nivel local, muchos de los cuales, derivan de la falta de infraestructura suficiente.

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“Tenemos varios temas en el asunto de nuestras cárceles, y en todos los casos hemos trabajado para que se pueda evitar los autogobiernos, y situaciones que afecten los derechos humanos de la gente que está ahí”, señaló.

Sin embargo, dijo que no es nada fácil, porque no se encuentran con las condiciones de financiamiento necesarias, de ahí que se busquen nuevas opciones.

Una de esas opciones sería una asociación público privada, figura creada el año pasado y cuya responsabilidad es de la Agencia de Proyectos Estratégicos. La instancia anunció en semanas pasadas que estaba lista una cartera de proyectos prioritarios para Quintana Roo.

“En eso estamos, en la búsqueda de esa posibilidad, estamos trabajando con la Secretaría de Gobernación para tener los datos suficientes que nos puedan permitir la construcción de un nuevo Cereso”, señaló.

La reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), denominada Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México, reveló que la sobrepoblación en las cárceles de Quintana Roo ha ido en incremento en los últimos años.

Según el organismo nacional, entre 2010 y 2016 pasó de 116% a 131%, que representó una variación de 15 puntos porcentuales.

Para el Inegi, Quintana Roo es uno de los cinco estados del país que menos dinero destinan para las cárceles con un costo anual y diario por persona reclusa de 27 mil 495.43 pesos (año) y 75.33 pesos (día).

El análisis indica que la construcción de mayor infraestructura carcelaria, en cuanto a capacidad de albergue, no es la solución, si no va acompañado de programas efectivos en materia de prevención del delito.