Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Paula González Cetina, ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), obtuvo de un juez federal un amparo mediante el cual se ordena al Juez de Control de Chetumal realizar una nueva audiencia para determinar sobre la medida cautelar, que mantiene a la ex funcionaria en la cárcel.

El Juzgado Sexto de Distrito resolvió el expediente 52/2018 promovido por González Zetina en contra de la Vinculación a Proceso y la Prisión Preventiva dictada en su contra en enero pasado, por el delito de peculado en agravio de la CAPA.

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El juzgado determinó como infundados los agravios en cuanto a la Vinculación a Proceso, pero sí le dio la razón en lo que respecta a la prisión preventiva.

En ese sentido, ordenó al juez de Quintana Roo dejar sin efectos la audiencia de 2 de enero, en la parte relativa a la solicitud e imposición de la medida de prisión preventiva justificada y fijar fecha y hora para una nueva audiencia.

De igual manera, instruyó al juez dictar otro resolutivo en la que imponga a la imputada alguna de las medidas cautelares previstas por el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En caso de establecer, nuevamente, la prisión preventiva justificada, deberá fundar y motivar la razón por la cual dicha medida resulta la más idónea en comparación con las demás establecidas en la ley.

Por su parte, Ana Alicia Rivera Galera, ex directora de recursos financieros de la CAPA, obtuvo el beneficio del resguardo domiciliario, por lo que enfrentará su proceso legal en su casa y no en el Cereso de Chetumal, donde hasta hoy estaba recluida.

Se trata de la segunda ex funcionaria estatal que obtiene ese beneficio, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó esa medida.

A través de un comunicado, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción informó que durante una audiencia el Juez de Control decretó la modificación de la medida cautelar que tenía la ex servidora pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

También se dejó a resguardo del juez de control el pasaporte, visa y documentos personales que la limitan para deambular hacia algún lugar distinto al impuesto como arraigo, la vigilancia será a cargo de Seguridad Pública del Estado.

Ambas están sujetas a proceso bajo la carpeta 308/2017, por delito de peculado, con un presunto daño patrimonial por más mil millones de pesos.