Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La XV Legislatura del Congreso del Estado recibió, ayer, una solicitud de juicio político en contra de Mario Alberto Aguilar Laguardia, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, el cual busca una reelección por seis años.

El recurso fue presentado en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, por el ciudadano Héctor Peza Romero, ejidatario de Calderitas, quien acusó al magistrado de haberle despojado alrededor de 13 hectáreas de tierra que derivaron en al menos tres demandas, una penal ante la entonces Procuraduría General de Justicia.

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Las demandas, según el entrevistado, no han procedido porque el magistrado ha utilizado su cargo de magistrado del Poder Judicial para frenar los procedimientos en su contra.

“Mediante tráfico de influencias en el sexenio anterior no encaminaron denuncias por el delito de invasión. Estoy solicitando que no sea  ratificado en el puesto donde pretende reelegirse”, afirmó el quejoso.

La denuncia penal, de acuerdo con el demandante, fue presentado en el año de 2012 cuando un grupo de personas realizaban actividades de tale en los predios ubicados a un costado de la colonia Fraccionamiento Caribe de Chetumal.

“Puse también  denuncias ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) así como ante la Procuraduría General de la República (PGR)”, aseguró Peza Romero.

De acuerdo con la legislación vigente, la petición será turnada la Comisión de Justicia de la XV Legislatura, ante la cual deberá ser ratificada la denuncia.

La fracción segunda del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia sólo podrán ser sujetos a Juicio Político por violaciones graves a la Constitución, y a las leyes que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos del Estado.

Sobre el recurso presentado en su contra, Mario Alberto Aguilar Laguardia, dijo que se trata de un asunto mediático y confió que el recurso no proceda, porque de acuerdo con la misma Constitución los juicios políticos no son procedentes por la mera expresión de ideas.