19 de Septiembre de 2018

Chetumal

Niegan amparo a ex tesorero de Solidaridad

La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Gabriel Castro Cárdenas.

El Poder Judicial de la Federación negó el amparo. (Joel Zamora/SIPSE)
El Poder Judicial de la Federación negó el amparo. (Joel Zamora/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Poder Judicial de la Federación negó a José Gabriel Castro Cárdenas, ex tesorero de Solidaridad, el amparo que solicitó y mediante el cual buscaba evitar una orden de aprehensión en su contra.

"La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso", estableció la sentencia notificada ayer por el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Cancún.

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Se trata del juicio de amparo 1339/2017 presentada, en septiembre del año pasado, por Castro Cárdenas, quien fungió como tesorero de Mauricio Góngora Escalante, ex presidente municipal de Solidaridad, actualmente preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal.

En una primera resolución, Castro Cárdenas logró una suspensión definitiva, por el cual tuvo que dejar un depósito de garantía por 50 mil pesos, aunque finalmente quedó sin efectos, una vez que se resolvió el fondo del asunto.

En agosto de 2017, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) interpuso una denuncia penal en contra de ex funcionarios de Solidaridad, entre ellos, el ex tesorero del Ayuntamiento.

La denuncia deriva de la revisión de la Cuenta Pública 2016, en la que los auditores detectaron hechos que constituyen conductas presuntamente delictivas, llevadas a cabo por algunos servidores por la cantidad de 152 millones 582 mil 344.43 pesos.

Las irregularidades fueron detectadas dentro de la auditoría identificada con el número AEMF-DFM-GOB-FIS-216 efectuada a los recursos fiscales dentro del rubro “Servicios Generales”.

En su oportunidad, las autoridades del Ayuntamiento de Solidaridad interpusieron diversas denuncias penales en contra de los ex funcionarios, una por 200 millones.

Recientemente, Cristina Torres Gómez, actual presidenta municipal anunció que se realizará una ampliación de la demanda penal porque han salido nuevas pruebas en contra de los ex servidores públicos.

Aunque no quiso dar mayores detalles, dijo que el delito continúa siendo Desempeño Irregular de la Función Pública y en los mismos rubros relacionados con los servicios simulados.

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