Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Durante el 2016, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, abrió mil 424 expedientes contra 927 autoridades estatales y 382 autoridades municipales, dio a conocer Harley Sosa Guillén, en el marco de su informe de actividades.

Ante los legisladores locales, invitados especiales y diversos funcionarios estatales y municipales, expuso que en el país y el estado se advierten cuestiones graves en materia de derechos humanos.

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“Los feminicidios, el empleo de la tortura por parte de autoridades, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el asedio a la prensa, las agresiones en contra de defensores de derechos humanos, son tan solo algunos de los focos rojos que las autoridades no pueden evadir”, señaló el ombudsman.

En cuanto a las investigaciones de las presuntas violaciones, Sosa Guillén destacó que no todas fueron iniciadas mediante quejas, sino que alrededor de 120 fueron de oficio mediante monitoreo de medios de comunicación. “Al igual que en años anteriores, se observa que la mayor cantidad de quejas se tiene en Benito Juárez con el 31% de ellas, seguido de Othón P. Blanco con el 29%, Solidaridad con el 16%; en tanto que el 24% restante se divide en proporciones mucho menores en los demás municipios”, destacó.

Se disculparon 

Según datos presentados, la Comisión emitió 20 recomendaciones durante el 2016, de las cuales la Fiscalía General del Estado concentró siete, seguido de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad con cinco; el resto fue para las Secretarías de Seguridad Pública, del Trabajo y Previsión Social y de Salud, así como los municipios de Othón P. Blanco, de Benito Juárez de Solidaridad y de Lázaro Cárdenas.

Un total de 21 servidores públicos estatales y municipales, fueron sancionados por violentar los derechos humanos. Derivado de los procedimientos, por primera vez en el Estado, las autoridades estatales y municipales ofrecieron 14 disculpas públicas.

Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, aseguró que el objetivo de los diputados es enterrar viejas prácticas que provocaban un detrimento en la garantía de los derechos humanos.