Analizan destino de verificentros en Quintana Roo

Es necesario un análisis más profundo, ante señalamientos.

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En el caso de las autoridades ambientales se limitarán a evaluar las condiciones climáticas de la entida. (Eddy Bonilla/ SIPSE)
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Benjamín Pat/ SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Gobierno del Estado analiza el destino que tendrán los verificentros en Quintana Roo, los cuales, no se consideran necesarios en este momento, afirmó el gobernador Carlos Manuel Joaquín González.

Sin embargo, el mandatario consideró que para su posible derogación es necesario un análisis más profundo, ante señalamientos de que pudieran ser una figura considerada en disposiciones federales.

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Además el tema de verificentros representa alrededor de 600 pesos anuales por vehículo, reconoció el jefe del Ejecutivo.

Uno de los verificentros, ubicado sobre la avenida Universidad, está prácticamente concluido.

“Se habla de que viene precisamente a través de una ley federal que estamos revisando y verificando. En ello eran alrededor de 600 pesos por vehículo cada año, que representa mucho más que cualquier otro monto”, mencionó el Gobernador.

Carlos Manuel Joaquín González dijo que el tema de verificación vehicular no está considerado en el paquete fiscal 2017.

“En este momento considero que no era necesario generar ese pago para los ciudadanos”, afirmó.

Avenida Universidad

En el caso de la ciudad de Chetumal, uno de los verificentros, ubicado sobre la avenida Universidad, está prácticamente concluido, sin embargo, no podrá entrar en funciones hasta que haya una autorización del Gobierno del Estado.

A pesar de ello, algunos empleados del lugar, afirman que de acuerdo con la información que tienen, su intención es comenzar a operar el próximo año, para lo cual, continúa el equipamiento del sitio.

Los verificentros fueron autorizados en Quintana Roo en diciembre del 2011, durante la administración encabezada por Roberto Borge Angulo, quien también concesionó la instalación de 12 centros de verificación en todo el estado.

En su oportunidad, funcionarios de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) dieron a conocer que al ser un tema aprobado por la entonces XIII Legislatura, será esa misma autoridad la que determine lo conducente en cuanto a su permanencia.

En el caso de las autoridades ambientales se limitarán a evaluar las condiciones climáticas de la entidad, para determinar si es necesario.

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