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PERÚ.- La Copa Perú es reconocida no sólo por su longevidad (la primera edición fue en 1957) sino por la extensa lista de situaciones particulares que tuvieron lugar en la competencia. Ahora se le agregó un capítulo más: la Policía detuvo a un jugador de Unión Kimbiri por doble identidad.

El extraño episodio tuvo lugar en el estadio Eloy Molina Robles de Huanta, donde se disputaba un encuentro perteneciente a la Etapa Departamental de Ayacucho de la Copa Perú entre Unión Kimbiri y Sport Huanta.

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Corría el minuto 25 del segundo tiempo y Huanta vencía 2 a 0 a Kimbiri. Fue allí cuando la Policía interrumpió el partido para identificar a uno de los jugadores que venía siendo perseguido por un acto de suplantación y que se encontraba en plena disputa del partido.

La Policía local decidió pedir los documentos al jugador César Vásquez Montalván para constatar que fuera quien se encontraba en las plantillas que se registraban en el torneo. Pero el verdadero nombre del futbolista era José Antonio Larraín Contreras. El hombre que vestía la camiseta número nueve no pudo probar su identidad: desconocía el numero de identidad de Vásquez Montalván y tampoco sabía el nombre de sus padres.

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— Copa Perú (@CopaPeru) 14 de agosto de 2018

El oficial a cargo ordenó la detención del futbolista, que se negó a ser esposado, y fue trasladado a la comisaría donde permaneció hasta las 22. En paralelo y dentro del campo de juego, ambos entrenadores se cruzaron acusaciones.

El árbitro del partido esperó los siete minutos reglamentarios para que suplanten a Contreras y así continuar con el partido. Pero Kimbiri decidió retirarse de la cancha y así le otorgó la clasificación a Huanta a la etapa regional de la Copa.

Contreras integró varios equipos desde el 2015 a la fecha, aunque lo hacía utilizando el apellido de Vásquez. En cuanto a la sanción deportiva, Contreras estará inhabilitado por un período de tres años para todo tipo de juego. Aunque este delito podría llegar a tomar una dimensión más grande, pues contempla una pena condicional de uno a cinco años de prisión.

Con información de El Clarín.