Agencias
VALENCIA, España.- Javier Aguirre, El Vasco, declaró este viernes durante casi hora y media ante la juez Isabel Rodríguez por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza, en el que su equipo obtuvo la victoria y por ende se libró del descenso.

El director técnico mexicano, exentrenador de la Selección Mexicana y recientemente de la de Japón, llegó 45 minutos antes de lo previsto y sin abogado a la Audiencia Provincial de Valencia, para comparecer ante la magistrada.

A su llegada, dijo que se sentía tranquilo y que se encontraba bien, después pidió disculpas a los más de 30 reporteros que lo esperaban ya que explicó que su abogado le recomendó no hacer declaraciones.

Aguirre entró a la Audiencia Provincial para subir a la tercera planta, donde lo esperaba la juez, titular del juzgado de Instrucción número 8, para hacer frente a la acusación de la Fiscalía respecto a que el mexicano habría recibido casi 90 mil euros en su cuenta bancaria para posteriormente sacar el dinero en metálico y repartirlo a jugadores del Levante.

Casi hora y media después, Aguirre abandonó la Audiencia Provincial y salió tan tranquilo como entró, otra vez iba sin compañía y nuevamente se negó a hablar. Volvió a repetir que estaba bien y que "todo en orden". "Ahora lo que quiero es tomar un taxi", mencionó.

Antes de Aguirre, testificó Agapito Iglesias, expropietario del Real Zaragoza, y el jugador Lafita, entre otros directivos.

Solo Aguirre por delante

El único que tras declarar salió por la puerta principal fue Aguirre, el resto se escabulló por las decenas de salidas de emergencia que rodean el lugar.

Hay 42 involucrados en el caso, entre dirigentes, jugadores y cuerpo técnico, a quienes se les acusa de sobornar al Levante con 965 mil euros a cambio de dejarse ganar para evitar el descenso del Zaragoza, que dirigía el mexicano.

El asunto es tan delicado que incluso a Aguirre le costó el puesto como seleccionador de Japón.

Si Isabel Rodríguez, una vez finalizada la instrucción, no decide dictar el archivo del caso y abre auto de procedimiento abreviado, la fiscalía podría solicitar penas que según el Código Penal español podría incluir multas económicas, la inhabilitación de los implicados e incluso prisión de 6 meses a 4 años.