EFE
BRASILIA, Brasil.- La Policía Federal de Brasil informó que investiga hechos de supuesta corrupción en la adjudicación y ejecución de las obras del estadio Arena Pernambuco, uno de los doce usados en el Mundial de fútbol celebrado en el país el año pasado.

El comisario Felipe Barros Leal confirmó en rueda de prensa que fueron realizadas varias operaciones policiales en Recife, donde se sitúa el estadio, así como en otras seis ciudades del país, que han incluido allanamientos a oficinas de la empresa Odebrecht, a la que en 2010 le fueron adjudicadas las obras.

El portavoz policial explicó que existen "fundadas sospechas" de que hubo "fraudes" en el concurso público para la concesión de las obras y también que el valor del contrato fue inflado irregularmente en 42 millones de reales (12 millones de dólares), con lo cual llegó a un total de unos 700 millones de reales (200 millones de dólares).

Odebrecht confirmó que varias de sus oficinas fueron visitadas por agentes de la Policía Federal pero, en una nota divulgada hoy mismo, garantizó que tiene "plena convicción de la plena regularidad y legalidad" de ese proyecto.

También señaló que, "en bien de la transparencia" que la compañía "siempre ha tenido, igual que sus ejecutivos", está "a disposición de las autoridades para prestar esclarecimientos y presentar documentos siempre que sea necesario".

Medidas injustificadas

Odebrecht, una de las constructoras más importantes de Brasil y América Latina, forma parte de un grupo de 20 empresas privadas del país investigadas por su supuesta participación en una vasta red de corrupción detectada en la petrolera estatal Petrobras.

Por ese asunto, el presidente del grupo, Marcelo Odebrecht, está detenido desde el pasado 19 de junio, bajo la acusación de haber pagado sobornos para adjudicarse contratos con la petrolera, un asunto que la constructora también ha negado.

Las investigaciones sobre las corruptelas en Petrobras también alcanzan a medio centenar de políticos, en su mayoría de la base de apoyo al Gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

Según la Policía Federal, las compañías privadas implicadas en el asunto obtenían contratos amañados con Petrobras, luego inflaban sus valores y repartían las diferencias con directivos de la petrolera y los políticos que facilitaban esas corruptelas.