Hace como cuatro años Néstor Ojeda dio a conocer en estas páginas que el quebranto financiero (hasta 18 mil millones de pesos) del Instituto Mexicano del Seguro Social anticipaba su colapso en 2010.

Su director, Daniel Karam, no evitó ni mucho menos esa fatalidad, pero logró postergarla para 2015.

Justo es reconocérselo.

A la mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto, el agujero en las finanzas del instituto ascenderá, aproximadamente, a 30 mil millones de pesos.

Con las mismas aportaciones obrero-patronales-estatales, el IMSS administra a un tiempo (y esta aberración es única en el mundo) sus servicios de salud y el sistema de pensiones y jubilaciones.

Es hora de que, sin desproteger a los trabajadores, los contratos colectivos dejen de implicar el eventual quebranto de empresas o, peor aún, de la institución emblemática de México en materia de salud.

Y tiempo es ya también de que el Estado asuma, como la educación, el costo de los servicios médicos y destine las aportaciones tripartitas, exclusivamente, a las pensiones y jubilaciones que lo mantienen en coma.