Agencias
MÉXICO, D.F.- Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, señaló que en los gobiernos anteriores la prevención de la violencia “estaba lejos de ser la prioridad”, y esa es la diferencia con este gobierno que colocó en primer lugar la reconstrucción del tejido social, dar oportunidades de trabajo a los jóvenes y ocuparse del entorno escolar.

Adelantó que el Programa Nacional de Prevención estará orientado fundamentalmente en la población menor de 18 años y bajo ese criterio se definirán los 100 municipios que serán atendidos con dicha estrategia, según publica Milenio.

“Estamos hablando de una estrategia distinta porque es la prioritaria, porque a diferencia de lo que había sucedido anteriormente, donde la prevención estaba lejos de ser la prioridad, hoy es el programa número uno anunciado por el presidente de la República el día 1 de diciembre”, dijo.

Insistió en que el programa de prevención, que será presentado este mes, no tiene precedente en el país, porque participarán ocho dependencias federales para la prevención social de la violencia.

El funcionario detalló que dar oportunidades a los jóvenes es prioritario en el programa, pero además “necesitamos reconstruir la cohesión social, necesitamos reconstruir el tejido social y esto implica revisar los temas de violencia en el entorno escolar, en la familia y atacar las adicciones”.

Entrevistado después de encabezar la reunión de los representantes estatales en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que ya se da seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados por los gobernadores y el presidente Enrique Peña en el Consejo Nacional efectuado el pasado 17 de diciembre.

Anunció que el gobierno decidió cambiar las reglas para que los estados y municipios reciban de manera más ágil los recursos federales, y por ello en lugar de que se entregue en tres ministraciones, se hará en dos partes.

En las nuevas reglas del ejercicio de los recursos de los fondos federales para la seguridad pública también se establece la obligación de los gobiernos locales de destinar 20 por ciento para programas de prevención social del delito.

Además, se podrán utilizar esos recursos o los que están obligados a aportar los gobiernos locales como “coparticipación” para el pago de las liquidaciones de los elementos de seguridad que no hayan aprobado los controles de confianza.