A penales de máxima seguridad, falsos periodistas mexicanos

La presunta jefa del grupo criminal fue enviada a un penal en Nayarit; los demás fueron internados en los penales de Jalisco y Tamaulipas.

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Los falsos periodistas presos en Nicaragua fueron condenados, en primera instancia, a 30 años de prisión, la pena máxima en aquel país. (Archivo/SIPSE)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- La Procuraduría General de la República (PGR) internó en los penales de máxima seguridad de Jalisco y Tamaulipas, y en el de mediana seguridad de Nayarit, a los 18 mexicanos sentenciados en Nicaragua y que se hicieron pasar como periodistas de la empresa Televisa.

Asimismo, tres mexicanos ajenos a este caso, pero que enfrentaban una condena en el país centroamericano también fueron llevados a las prisiones de máxima seguridad, de acuerdo con Milenio.

Raquel Alvarado Torres, quien era la jefa del presunto grupo de criminales que fue detenido en agosto de 2012 en Managua, en posesión de más de 9 millones de dólares, fue la única persona internada en el área femenil del penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit.

Hace unas semanas, funcionarios revelaron que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, aseveró que no se daría algún tipo de concesión a los 18 mexicanos sentenciados en Nicaragua a 17 y 18 años de prisión, y que se hicieron pasar como falsos periodistas para introducir dinero del crimen organizado a esa nación.

El procurador garantizó a Nicaragua que los reos, encabezados por Raquel Alvarado, jefa del falso grupo de comunicadores, cumplirán su condena tal y como lo ordenó la justicia del país centroamericano.

Los 18 mexicanos fueron detenidos en agosto del 2012, cuando ingresaron a Nicaragua por la frontera norte con 9.2 millones de dólares ocultos en vehículos tipo Van, rotulados con logotipos de Televisa, que ha negado cualquier relación con los acusados.

El grupo fue condenado en enero por un juez de primera instancia a 30 años de cárcel por lavado de dinero, narcotráfico y asociación al crimen organizado.

El 1 de octubre, el tribunal de apelaciones redujo sus penas a 17 y 18 años de prisión y el tribunal superior rechazó un recurso de casación, dejando firme la sentencia.

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