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MÉXICO.- La Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres firmaron una Carta de Intención con el objetivo de realizar acciones conjuntas que erradiquen todo acto de discriminación, acoso y hostigamiento sexual contra las mujeres en las instituciones de educación superior.

El documento, que también firmaron el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), busca que las instituciones referidas se comprometan a brindar asesoría y capacitación a las instituciones de educación superior que lo requieran.

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Igualdad entre mujeres y hombres

Además de establecer protocolos de prevención, atención y sanción de casos de hostigamiento sexual y acoso sexual, y de promover y fomentar una cultura de igualdad entre mujeres y hombres.

Con ello, esas instituciones se comprometieron a brindar asesoría y capacitación a instituciones de educación superior que lo requieran, para establecer protocolos de prevención, atención y sanción de casos de hostigamiento sexual y acoso, además de promover y fomentar una cultura de igualdad entre mujeres y hombres.

La Carta de Intención fue suscrita en el marco de la XXXIII Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, refirió la Secretaría de la Función Pública en un comunicado.

El protocolo

En agosto de 2016 entró en vigencia un 'Protocolo para la atención de casos de violencia de género' dentro de la UNAM, siendo la primera universidad pública mexicana en adoptarlo. Otras universidades latinoamericanas, como la de Buenos Aires, también poseen protocolos similares.

Desde que se empezó a aplicar ―tal como recopiló el portal Emeequis― y en el lapso de cinco meses se registraron 113 quejas, mucho más que la media que había hasta entonces. De ese total, 96,5 % las presentaron mujeres y 98 % de los agresores denunciados son hombres.

Sin embargo, se han planteado críticas al propio protocolo ya que, entre otras cosas, para denunciar exige confidencialidad (lo cual bloquea cualquier posibilidad de divulgar los casos de violencia públicamente). Además propone como solución la mediación entre las partes, lo cual supone una revictimización de la persona agredida y una posición desventajosa para esta, ya que su agresor estableció desde el comienzo una relación desigual de poder.

Con información del portal de noticias Notimex.