Karen Cota/Milenio
BAJA CALIFORNIA.- Pescadores del Alto Golfo de California (principalmente de San Felipe y Santa Clara) serán retirados del mar. Un acuerdo histórico será firmado por Semarnat, Profepa, cooperativas de pescadores en la zona y Sedesol apunta que durante dos años no se podrá ejercer la pesca para proteger a la marsopa mexicana, mejor conocida como vaquita marina, y que costará poco mas de mil 36 millones de pesos.

El documento titulado "Acuerdo por el que se suspende la pesca mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres en el norte del Golfo de California" aún no ha sido firmado por las autoridades correspondientes, aunque según versiones de las agrupaciones de pescadores la salida del mar sería a partir del 1 de marzo.

Si bien ese documento solo establece que entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, el documento MIR de Impacto Moderado 34164, actualizado por última vez el 10 de febrero, concuerda con esta versión, ya que especifica que entrará en vigor el 1 de marzo.

El acuerdo busca compensar económicamente a los permisionarios, pescadores y a la cadena productiva para que durante ese tiempo cesen de su principal actividad económica para proteger a la marsopa mexicana, que puede desaparecer en 2018, según el informe del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (Cirva) presentado en 2014, el cual ha fungido como el principal ente que busca la recuperación de la marsopa.

El monto económico que será repartido entre los beneficiarios de este acuerdo es de mil 36 millones 371 mil 252 pesos, por los dos años de veda. Cada año, costará 518 millones 185 mil 627 pesos que serán distribuidos en 271 millones 48 mil 867 pesos para la compensación de permisionarios (dueños de permisos, pero que no salen a pescar), 135 millones 524 mil 433 pesos directo a pescadores y 83 millones 402 mil 327 pesos para la cadena productiva (mecánicos de pangas, comercializadores, constructores de redes, mano de obra, etcétera).

Además se prevén 28 millones 210 mil pesos para el programa de vigilancia comunitaria, que incluye 35 salidas anuales de inspección por panga, según el documento "Presentación de esquema de compensación a pescadores del Alto Golfo de California", realizado por Semarnat y fechado el 31 de octubre del 2014. Esto sumado a la vigilancia adicional proporcionada por Profepa, que aseguró a Milenio que cuentan con tres aviones no tripulados (drones), lanchas equipadas para pernoctar y la vigilancia habitual que se ejecuta en la zona.

Entre la documentación obtenida se especifica que las comunidades deberán realizar los padrones de los beneficiarios y después Sedesol se encargará de verificar que se trate de personas involucradas con la pesca. Sin embargo, no se encontró en esta investigación un documento previamente firmado por los involucrados en los que se especifique un mecanismo claro de cómo será la verificación.

Es importante mencionar que, según versiones de las federaciones pesqueras, la compensación a permisionarios, a la vigilancia y el recurso para la cadena productiva será entregado a las cooperativas pesqueras de cada región y a los pescadores se les depositará de manera bimestral en una cuenta bancaria.

En los datos del Inegi, San Felipe cuenta con 16 mil 702 habitantes y el Golfo de Santa Clara tiene tres mil 967. Son comunidades principalmente pesqueras, ya que a excepción de la temporada de Semana Santa en San Felipe, no hay actividad turística en la zona.

A pesar de contar con menos población, Los permisos de pesca se concentran en Santa Clara que tiene 860 y mientras que San Felipe cuenta con 494 permisionarios, que prácticamente se paralizarán durante el periodo del acuerdo.

Además de labores de vigilancia comunitaria no se contemplan actividades para los pescadores que se quedarán en casa, para las mujeres que no irán a cortar cabeza de camarón, para los mecánicos que no van a reparar lanchas, ni para nadie que tenga algo que ver con esta actividad.

En ningún documento firmado previamente por los pescadores o cooperativas, se contempla el fomento benéfico del tejido social. Dos mil 500 familias de pescadores, más la cadena productiva —aproximadamente mil familias más en el caso de San Felipe y casi la totalidad de la población del Golfo de Santa Clara— quedarán en el ocio.

Según Ramón Franco, dirigente de la federativa pesquera Andrés Rubio Castro, en varias ocasiones, personal de Sedesol ha visitado el puerto de San Felipe para corroborar los padrones de beneficiarios; sin embargo, ésta información no ha sido corroborada por esa secretaría a pesar de las múltiples solicitudes de Milenio a sus funcionarios.

Para Marco Cortés, pescador de 24 años, la salida del mar representa un cambio radical en su vida y la de su familia. Sin saber hacer otra cosa acepta el acuerdo y espera que el tiempo pase rápido. "Pues la verdad uno está inconforme ¿por qué? Porque es un beneficio para uno andar pescando y es como si fuera un deporte, una satisfacción de uno.

"Toda mi vida me he dedicado a esto, pues no sé hacer otra cosa, me gusta la pesca y pues que me dicen vamos a ballenería, la verdad no se me hace justo, porque uno ya está acostumbrado a la pesca y nos sustenta a la familia", afirmó.

Paradójicamente, las embarcaciones grandes no tienen de qué preocuparse, pues no se contempla su salida. Según el subprocurador de Recursos Naturales de la Profepa, Alejandro del Mazo, la razón es sencilla, debido a su tamaño, éstas y sus redes son más fáciles de vigilar.

Silvia Díaz, encargada del programa de Greenpeace "Salvemos a la vaquita", no vislumbra un buen curso de este acuerdo: "Si en el gobierno federal no hay unas medidas para controlar la efectividad que hay en este papel, entonces no va a poder ser posible, y si no hay una alternativa confiable para las comunidades y los pescadores, tampoco. Porque si ellos no tienen nada que hacer y es de lo que viven, pues van a tener que buscarse la vida, y si para ellos la forma más fácil es salir a pescar, lo van a hacer".

Totoba: La otra amenaza de la marsopa

Pero hay otros riesgos. En el estudio de Cirva, se especifica una amenaza inminente para esta especie: la pesca ilegal de totoaba. Según versiones de Semarnat, Profepa, pescadores de la zona y permisionarios, los pescadores ilegales buscan esta especie para vender su vejiga o "buche" como ellos le llaman, hasta en nueve mil dólares a compradores chinos que la comercializan como una sopa afrodisiaca en aquél país.

Para un ex pescador ilegal de totoaba, que pidió omitir su nombre, se trata de una práctica peligrosa y mal pagada para los que salen en busca de este animal. "Se la entregamos al patrón, al dueño de la panga y él se encarga de comercializarla. No sé qué procedimiento tenga (...) Pagan entre 100 y 200 dólares. Uno tiene que callarse con todo eso, porque hay peligro de muerte".

La totoaba es otra especie dentro de la clasificación de peligro de extinción, según lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010, pero pescadores de la zona ,que conviven día a día con las especies marinas, aseguran que se ha reproducido y por ende el aumento de su pesca ilegal.

Se preguntó al subsecretario de la Semarnat, Rafael Pachianno, si no sería más fácil legalizar la pesca de la totoaba para poder regular sus redes y evitar así que los pescadores sean seducidos por esta actividad, que él calificó como la principal amenaza de la vaquita. Su respuesta fue que no han realizado estudios recientes sobre la población actual de la totoaba que culminen en determinar que este animal está fuera de peligro.

Sobre esto, Alejando Del Mazo, de Profepa, aseguró que esta decisión podría ser perjudicial para la totoaba. "Sería bueno seguir haciendo estudios de la recuperación de la población de la totoaba porque sí se ha recuperado, pero eso no quiere decir que vayamos nosotros a tomar una decisión a la ligera o anticiparnos y sacar esta especie de la categoría de riesgo, porque no vaya a ser que nos suceda como con el pepino de mar (...) No tenía aprovechamiento comercial y en cuanto se abrió la pesca, es una especie que ya empieza otra vez a estar en una situación crítica porque se ha sobre explotado".

Periodo insuficiente

Pese a esto, la apuesta del gobierno federal es sacar a los pescadores de mar con este millonario acuerdo. Según el biólogo Armando Jaramillo, investigador del Instituto Nacional de Cambio Climático y miembro del Cirva, es imposible garantizar la reproducción de la vaquita en un periodo de 24 meses.

Asegura que se necesitan por lo menos 30 años para que la vaquita marina este fuera de peligro. "Estimamos que para que la vaquita recupere una población como la que tenía hace años, tomará en el orden de décadas", aseguró.

Según el documento enviado por Sagarpa en respuesta de las solicitudes de Cofemer sobre el acuerdo fechado el 23 de enero del 2015, asegura que la suspensión de redes busca disminuir la posible afectación al cetáceo y realizar una evaluación "precisa" de la población, más no a la reproducción.

"Lo que se espera es que por lo menos se sigan contabilizando este último número de organismos como una señal de que por lo menos se sigan contabilizando 97 vaquitas, como una señal de que por lo menos, la población se vio favorecida por la suspensión de las actividades de pesca", explicó.

También hay quienes ha sido voces contrarias al acuerdo, pero que luchan por salvar a la vaquita marina, como el biólogo Alejandro Olivera, coordinador de políticas públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), quien asegura que el acuerdo es una medida paliativa, que podría traer conflictos inminentes dentro de las comunidades afectadas.

"Parece que está hecho sobre la marcha, llega mucho dinero, se va a repartir, pues hay conflictos ya en las comunidades, como se va a repartir y pues eso puede traer una problemática social. Es por eso necesario seguir probando nuevas artes de pesca", afirmó.

Pero se suma una preocupación más: cada pescador y permisionario tendrá en su poder las redes, pangas y todas las herramientas pesqueras porque no les serán retiradas.

Alejandro Olivera dijo que "es necesario garantizar que los pescadores van a dejar de pescar en el área porque en otras ocasiones se han otorgado o se han comprado permisos, regresan a pescar, a hacer su actividad de forma ilegal, por ello son las recomendaciones del mismo comité nacional para la recuperación de la vaquita que habría que consignar las redes durante este periodo, reforzar la vigilancia".

Pese a esto, tampoco se contempla en ningún documento firmado por los involucrados en la construcción de esta política, que se les confisquen las redes como una medida de seguridad.

Silvia Díaz, de Greenpeace, asegura que la medida puede fomentar la pesca ilegal,"y un primer paso, que para nosotros sería básico, sería decomisar estas redes, si durante dos años no se van a poder usar, se tienen que almacenar, no tienen que estar a disposición de los pescadores, no las pueden usar (...) y la otra, muy importante, es dar una alternativa a las comunidades para vivir, eso es muy importante, porque se puede venir un problema de desintegración social y eso no se soluciona dando dinero..."

El suprocurador Del Mazo, de Profepa, aseguró que esta medida sería inviable por la dificultad de poner a los implicados de acuerdo. "Los propios pescadores, aunque hemos recibido buena cooperación de algunas cooperativas pesqueras, no ha sido al caso de todas, y pudiera ser complicado el tema de retirarles algo que de alguna forma es de ellos".

Un millonario acuerdo que paralizará a dos comunidades pesqueras por dos años, sin un programa social sustentable mientras eso sucede, que contempla la auto regulación al dejar en manos de las federaciones y cooperativas la repartición de los recursos —excepto en el caso de los pescadores— y que permite a éstos conservar sus redes entrará en vigor toda vez que terminen los últimos detalles del acuerdo y las autoridades lo publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

Residente distinguido

La vaquita marina es una de las seis especies de marsopas que existen en el mundo. Solo existe en nuestro país.

Habita en una zona de 5 mil metros cuadrados del Alto Golfo de California.

En 1997 el gobierno federal creo el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (Cirva) como un Órgano Técnico Internacional y en la que participan científicos de Noruega, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y México.

Según su último informe (2014), se estima que actualmente existen menos de 98 ejemplares, probablemente, menos de 25 hembras maduras sexualmente.

Esta especie está en riesgo inminente debido a que las artes de pesca, utilizadas para atraer camarón o pescado escama, la atrapan incidentalmente y muere.

El comité internacional ha sido la principal presión del gobierno mexicano para que frene la pesca en esa zona, mientras busca una red prototipo que permita la actividad pesquera, pero que no mate a la marsopa.

El acuerdo no incluye la pesca de curvina golfina que se ejecuta durante los meses febrero, marzo y abril.