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CHIHUAHUA, Chihuahua.- Para adquirir varios de sus ranchos, el ex gobernador César Duarte mandó a secuestrar a los antiguos propietarios, para obligarlos a vender a precios incluso por encima de su valor real, aseveró el gobernador Javier Corral.

De acuerdo con información de El Financiero, en entrevista con medios de Ciudad Juárez, Corral señaló que las investigaciones que lleva la Fiscalía General del Estado, dijo que tanto en el caso del rancho Santa Rita de 30 mil hectáreas, asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE) tras una orden judicial, como en otras propiedades, se hacen investigaciones respecto a supuestos plagios.

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Los secuestros a los dueños, explicó, se hacían previo a la venta para presionarlos y orillarlos a negociar, “por cierto no en cantidades inferiores, incluso en cantidades, en algunos casos, superiores al valor de los terrenos o de las fincas”.

“Fue un método utilizado durante el gobierno de César Duarte, presionar mediante distintos mecanismos, incluido el secuestro, a los propietarios de estos predios”, reiteró el mandatario estatal.

Aunque de momento la propia FGE no cuenta con denuncias de las víctimas afectadas, Corral enfatizó que los cateos efectuados a dichos inmuebles, aportaron información importante, que fue generó toda una línea de investigación en ese sentido.

Además, dicha investigación se enfoca en demostrar que en realidad el propietario verdadero es el ex gobernador, pues la gran mayoría de los inmuebles están a nombre de terceras personas, como en el caso del referido rancho Santa Rita.

Adelantó que hay otras propiedades que podrían ser aseguradas, que se encuentran en proceso de averiguación, para acreditar que son bienes que deben servir al resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Estado de Chihuahua.

Solo el rancho Santa Rita, asegurado esta semana en el municipio de Camargo, tiene una extensión de 30 mil hectáreas, similar al tamaño de la mancha urbana de la ciudad de Chihuahua y costó 60 millones de pesos, pagados presuntamente con recursos públicos, por quien fuera el director de Administración de la Secretaría de Hacienda estatal, el hoy fallecido Carlos Hermosillo Arteaga.

Se trata, dijo Corral, de un aseguramiento muy importante, que representa una pequeña cantidad con que se podrá reparar una parte del daño ocasionado.

Estos y otros elementos, han sido base para iniciar la exigencia a nivel nacional, para que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, acelere el proceso de extradición de Duarte y se logró un buen acuerdo en la Secretaría de Gobernación, a raíz de la Caravana por la Dignidad.

Corral, indicó que el gobierno estatal busca asegurarse realmente, que la formulación que se haga en la solicitud de detención con fines de extradición, se plantee en los términos debidos, sin que haya un proceso de simulación.