Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- Ernesto Canales, subprocurador Anticorrupción de Nuevo León, está acusado por un fraude de seis millones de dólares en perjuicio de Paula Cusi, expareja del empresario Emilio Azcárraga Milmo.

En entrevista con Azucena Uresti en MILENIO Televisión, el funcionario admitió que la demanda en su contra fue presentada en 2012 en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pero dijo que se trata de “acusaciones falsas” y que el caso sigue su curso en tribunales sin que se haya demostrado que es culpable.

Señaló que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, estaba enterado de esta denuncia antes de designarlo titular de la Subprocuraduría Anticorrupción, cargo para el que tuvo que aprobar exámenes de control y confianza realizados por la PGR y el Cisen.

La denuncia de hechos por un supuesto fraude de seis millones de dólares quedó radicada el 26 de marzo de 2012 en la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la procuraduría capitalina.

Por esta demanda, diputados federales del PRI por Nuevo León exigieron ayer la renuncia de Ernesto Canales, pues consideraron que no tiene la calidad moral para ocupar el cargo por enfrentar una denuncia penal.

Legisladores del estado, encabezados por Héctor García, hicieron un llamado para que el subprocurador  comparezca ante los legisladores del Congreso local con el propósito de responder a las acusaciones, lo que podría ocurrir el próximo lunes a las 17:00 horas.

Al tomar tribuna, el diputado priísta pidió al subprocurador  aclarar si tiene algo que ver con esta situación, para evitar que el cargo de combate a la corrupción que ostenta se vea manchado por un desvío millonario.

Detención de Paula Cusi Presa Matute

En la Oficialía de Partes de la Fiscalía para Asuntos Especiales de la PGJDF capitalina, quedó asentado que la demanda contra Canales se recibió en la fecha señalada y fue interpuesta por Jacinto Guillén Álvarez, apoderado legal de Cusi, quien pidió a las autoridades “desahogar las probanzas necesarias y que en su oportunidad se ejercite acción penal”.

“Ernesto Canales Santos y César Gerardo Francisco García Méndez, con ánimo de dominio y sin consentimiento, ni conocimiento de la señora Paula Cusi Presa Matute, se apoderaron y dispusieron en su beneficio de la cantidad que Grupo Televisa entregó exclusivamente como pago a favor de mi demandante, obteniendo así un lucro indebido y generando un detrimento patrimonial a la señora que asciende a la cantidad de seis millones de dólares americanos”, se lee en la denuncia.

El representante legal explicó que el 23 de abril de 2011, Cusi fue aprehendida e ingresada a Santa Martha Acatitla, acusada por el delito de falsedad ante autoridades.

En ese momento, ella había entablado un juicio ordinario civil en el juzgado 62 para hacer valer acciones derivadas de sus derechos en la sucesión testamentaria de bienes de Emilio Azcárraga.

El abogado sostuvo que en ambos procedimientos –civil y penal- Ernesto Canales y César García Méndez fungieron como abogados de Cusi.

Ante la procuraduría capitalina, expuso que durante el tiempo que transcurrió para que se dictara el auto de término constitucional –cuando ella estuvo en prisión-, ambos Canales y García entablaron una negociación con representantes legales de Grupo Televisa.

Sin embargo, una vez que Cusi recuperó su libertad por falta de pruebas en su contra, se enteró, varios meses después, a través de los abogados de la televisora, que dicha negociación había derivado en el pago de seis millones de dólares, como “contraprestación o compensación” a favor de ella.

El pago no fue reportado a la expareja de Azcárraga por Ernesto Canales ni César García, quienes tampoco le entregaron esa cantidad que recibieron supuestamente en su representación a través de dos exhibiciones efectuadas los días 17 y  27 de mayo de 2011.

De acuerdo con la denuncia de hechos, los abogados cobraron los seis millones de dólares a través de transferencias bancarias a las cuentas de una sociedad denominada “Abadi and Co., Securities LTD”, empresa que Cusi no conoce.

'No hay ningún cobro indebido de honorarios'

Sobre el tema, el subprocurador dijo anoche a la periodista Azucena Uresti  que “el expediente tiene varios años, no se ha probado ninguna culpabilidad de parte nuestra, son acusaciones sin una base cierta (…) ese documento (denuncia de hechos) no establece ninguna culpabilidad de nuestra parte, es un asunto entre Paula Cusi y Televisa.

“Está en expedientes y se encuentra establecido que durante este tiempo la parte demandante no ha probado su acción. No sé si existan o no los seis millones de dólares, no hay ningún cobro indebido de honorarios de parte nuestra, la acusación es falsa”.

Señaló que inclusive presentó contrademandas por daño civil y mercantil a partir de esta denuncia.

Agregó que los diputados no tienen competencia para exigir su renuncia ni “pedir mi cabeza”, aunque dijo que está dispuesto a comparecer ante ellos si el gobernador le da permiso.

Por su parte, el legislador priísta Juan Manuel Cavazos cuestionó el por qué Canales ocultó que tenía pendiente esa denuncia penal en su contra, por lo que debe aclarar por qué niega las pruebas en su contra.

"A nombre de los diputados federales de mi partido, pedimos al señor gobernador que por lo pronto en primera instancia pida licencia este fiscal anticorrupción para que se investigue, pero yo creo que no debe de ocupar este puesto.

"Yo quisiera exhortar al Gobierno del Estado de Nuevo León para que no repita más e investigue bien a quienes van a ocupar los puestos en un gabinete, y más si se trata del tema de corrupción, porque creo que están engañando a la población, no debería ocupar este puesto", declaró.

"Yo les quisiera pedir la oportunidad de que el próximo lunes a las cinco de la tarde nos aprueben que comparezca a este Congreso que tiene facultad de llamar a cuentas a funcionarios, para que nos explique si es veraz esta información”, explicó el diputado Héctor García.

Ante esto, el legislador Ángel Barroso consideró que se trata de una prueba más de que los ciudadanos de Nuevo León están decepcionados de la administración estatal. Lamentó que no haya un verdadero gobierno honesto e independiente y tanto él como los legisladores Samuel García y Laura Paula López, entre otros, se sumaron a la petición.