25 de Septiembre de 2018

México

Admite PGR no tener pruebas contra generales acusados de narco

En un oficio, la dependencia informa al juzgado que lo único "comprobado" es que los indiciados fueron servidores públicos.

El ex subsecretario de la Defensa (Ángeles Dauahare) se desistió de presentar más pruebas de descargo. (Archivo SIPSE)
El ex subsecretario de la Defensa (Ángeles Dauahare) se desistió de presentar más pruebas de descargo. (Archivo SIPSE)
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Agenicias
MÉXICO, DF.- La Procuraduría General de la República (PGR) admitió ayer ante un juez federal que no ha podido corroborar los dichos de Jennifer y Mateo, testigos colaboradores, quienes involucraron al general Tomás Ángeles Dauahare y otros militares con el crimen organizado.

En un oficio enviado al juzgado tercero de distrito de procesos penales federales en el Estado de México, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) aceptó que el único dicho que han “comprobado” es que los indiciados son o fueron servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Según informa Milenio, en el oficio DGCPPAMDO/707/2013, la fiscal adscrita a la Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia Organizada, de la SEIDO, con sede en el DF, en alcance al diverso DGCPPAMDO/457/2013 del 15 de enero pasado, manifiesta:

“Por lo que hace al procesado Tomás Ángeles Dauahare, los deposados (señalamientos) de los testigos colaboradores no se encuentran corroborados con medio convictivo alguno, salvo el hecho de que el encausado fue servidor público de la Sedena, sin que al día de la fecha se cuente con probanza alguna para confirmar los dichos de los atestes Jennifer y Mateo”, se indica en el documento integrado a la causa penal 44/2012.

En tanto, el juez fijó un plazo de 10 días hábiles al subprocurador general de Justicia Militar para que entregue el nombre del personal militar que se encontraba adscrito en diciembre de 2007 al aeropuerto internacional de Cuernavaca, donde supuestamente Ángeles Dauahare dejaba pasar cargamentos de droga del cártel de los Beltrán Leyva.

Asimismo, el juez notificó ayer a los militares encarcelados junto con Ángeles Dauahare (los generales Roberto Dawe y Rubén Pérez, además del teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández y el mayor Iván Reyna) que el militar pidió que se le dicte sentencia de inmediato, motivo por el cual solicitó responder si se adhieren a esa petición o buscarán enfrentar su proceso penal por separado.

Jennifer es Roberto López Nájera, un abogado que sirvió a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, operador de los Beltrán Leyva, mientras Mateo es Sergio Villarreal, El Grande, segundo al mando en ese cártel hasta que la Marina lo detuvo en 2010.

No más pruebas

El ex subsecretario de la Defensa (Ángeles Dauahare) se desistió de presentar más pruebas de descargo y de llamar a comparecer a los testigos Jennifer y Mateo, quienes lo involucraron con el cártel de los Beltrán Leyva.

Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado del general, comentó que la semana pasada solicitó el cierre de instrucción, pues es insustancial que comparezcan los delincuentes que lo ligaron con el crimen organizado.

Indicó que lo más lógico es que los testigos colaboradores que sirvieron a la PGR no admitan que mintieron en sus declaraciones ante el Ministerio Público federal, pues si lo hacen perderían sus privilegios.

Sin embargo, Luis Fernando López Capella, el defensor del general Roberto Dawe González, dijo no compartir la posición de Reyes Retana, aunque dijo que es un excelente abogado.

El motivo, explicó, es que Dawe tiene mucho más que perder, porque su cliente sigue activo y perdería sus haberes en caso de una sentencia condenatoria. En tanto, Ángeles Dauahare está en retiro y, por su edad, podría enfrentar la prisión domiciliaria.

La misma suerte correrían los otros militares activos, ya que perderían derechos y se les degradaría de rango.

López Capella mencionó que lo más viable para Dawe González es que siga su proceso y aporte pruebas a favor, y que carearse en videoconferencia con los testigos, quienes se encuentran en Estados Unidos. En caso de un fallo en contra, agregó, pueden apelar o solicitar un juicio de amparo para poner fin al asunto.

No obstante, la decisión está en manos de Dawe, quien deberá valorar qué es lo mejor para él.

Capella también anunció que dejará la defensa del general Dawe, debido al citatorio que le giró la PGR, dependencia que lo llamó a comparecer el próximo 6 de febrero en calidad de indiciado.

Señaló que es increíble que desde hace dos meses la PGR no pueda encontrar a un agente ministerial que se entrevistó con La Barbie para ofrecerle ser testigo protegido a cambio de declarar contra los generales.

Lo más sorprendente, dijo, es que a él, después de 10 años de laborar en la PGR, sí lo pudieron localizar y ahora lo buscan involucrar en actos de corrupción a partir de la compra de una casa en Huixquilucan, Estado de México, que compró a sus padres antes de entrar a la institución.

Para no contaminar el proceso, dijo, pasará el caso a otra persona, pues no sabe cómo va actuar la PGR después de que comparezca.
 

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