21 de Julio de 2018

México

'Focos rojos' en Puebla por casos de feminicidio

Organizaciones civiles estiman que la cifra real de crímenes es mayor a la oficial.

La situación ha cobrado notoriedad y atraído la atención pública a raíz de los recientes casos. (Foto: Excélsior)
La situación ha cobrado notoriedad y atraído la atención pública a raíz de los recientes casos. (Foto: Excélsior)
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Agencia
PUEBLA.- El número de feminicidios registrados en el estado entre enero y septiembre suma 65, lo que representa el mayor número de casos en los últimos cinco años.

Los crímenes cometidos en las últimas semanas han llevado a los poblanos a salir a las calles y protestar en demanda de condiciones de seguridad.

De acuerdo con Excélsior, organizaciones civiles estiman que el número real de crímenes de este tipo es dos o tres veces mayor que la estadística oficial.

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La situación ha cobrado notoriedad y atraído la atención pública a raíz de los recientes asesinatos de dos estudiantes universitarias, Mara Castilla y Mariana Fuentes, en hechos en los cuales —además— estuvieron implicados conductores de las empresas de transporte privado Cabify y Uber.

En este contexto, activistas han retomado su llamado a que se active en territorio poblano el mecanismo de la alerta de género, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha declarado a favor de esta medida y el gobierno de Antonio Gali ha anunciado medidas e iniciativas de ley para enfrentar el problema.

La semana pasada, la administración estatal presentó la estrategia De una vez por todas, que incluye políticas públicas y propuestas de reforma en diversas áreas.

Una de dichas iniciativas plantea tipificar como delito conductas como hacer gestos obscenos, captar imágenes o videos de una mujer sin su consentimiento, realizar actos exhibicionistas o entablar contacto corporal de carácter sexual.

Otra busca modificar la legislación local en materia de transporte, para que empresas que presten servicios como los de Cabify y Uber deban asumir responsabilidad penal, civil o administrativa si sus operadores cometen delitos, así como para que las autoridades tengan acceso a sus plataformas para monitorear a los conductores en tiempo real.

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