Agencias
MÉXICO, D.F.- En el país existen 115 presas y bordos con fallas que representan un alto grado de riesgo y que pueden ocasionar muertes, daños o destrucción de poblaciones, de carreteras, de infraestructuras eléctricas, en zonas productivas y hasta “parálisis económica”.

Así lo estableció la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en un documento en el que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorización para ejercer 300 millones de pesos, para realizar estudios y así decidir alternativas para mejorar la seguridad en esas presas e, incluso, “de no ser posible, recomendar ponerlas fuera de servicio”, informa Milenio.

Después de los huracanes Ingrid y Manuel, la Conagua trabaja en el reporte actualizado de las presas, sobre el estado actual que guardan en las entidades que resultaron afectadas como Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas.

Vigilancia

En la reunión nacional de evaluación de las zonas de desastre, realizada este miércoles, el director general de la Conagua, David Korenfeld, informó que se mantiene especial vigilancia en 57 presas y 67 ríos “que siguen en niveles de alerta”, y que trabajan con los particulares que operan 70 por ciento de las más de 5 mil 100 presas que hay en México, “para determinar el riesgo que tiene cada una de ellas, porque aunque sean pequeñas o grandes, al verter por ahí avanzan grandes cantidades de agua”.

Respecto a las 115 identificadas como de alto riesgo e incluidas en el compromiso 51 del Pacto por México, que se encuentran en 23 de los 32 estados del país, con una población superior a 90 millones de habitantes, requieren 200 análisis en materia geológica, geotécnica, hidráulica, estructural y funcional, así como evaluaciones de ordenamiento territorial para verificar las condiciones en la zona de influencia de las presas o bordos; en particular, invasión de embalses y cauces, crecimiento de población y desarrollo de infraestructura.

La Conagua no cuenta con personal suficiente, equipos de exploración, laboratorios ni programas de cómputo para realizar dichos estudios.

“De no realizarse los estudios descritos anteriormente y las obras necesarias que de ellos emanen, las afectaciones por la falla de las presas se verán reflejadas en la pérdida de vidas humanas, centros de población urbanos y rurales, infraestructura existente (vías de comunicación o electricidad), zonas productivas (agrícolas, ganaderas, pesqueras, avícolas o industriales), así como desabasto en el suministro de agua potable, parálisis económica, entre otros”, advierte la Conagua en el documento.

Advertencia

En el Proyecto de Inversión entregado por la Conagua a la SHCP para su autorización, se advierte que durante la temporada de lluvias o incluso en su operación normal, las presas y bordos “pueden representar situaciones de peligro por la falla en sus estructuras y, en consecuencia, daños a la población, a sus bienes e infraestructura ubicada aguas abajo, susceptible de resultar afectadas en caso de un desbordamiento por insuficiencia de la obra de excedencias, ruptura o falla total de la cortina. El peligro aumenta por el envejecimiento de las estructuras, el diseño inadecuado y la falta de conservación”.

La Conagua estableció también que durante los últimos 20 años, se han reportado 187 presas falladas o en peligro de falla, correspondiente a 3.7 por ciento del total, y la mayoría de ellas se debe a rebases de la cortina por insuficiencia del vertedor, tubificación del cuerpo de la cortina y deslizamientos.
Informa además que se realizan solo inspecciones visuales para identificar anomalías y posibles fallas, y a partir de ésas, se catalogaron 115 presas y bordos con riesgo alto para la población.

Este tema está incluido en el compromiso 51 del Pacto por México, que establece revisar y rehabilitar a las presas con alto riesgo. Los estudios servirán para tomar medidas de mejoramiento de seguridad estructural, funcional y operacional.

A largo plazo

La Conagua calculó que realizar estos estudios solo con sus recursos materiales y humanos llevaría 10 años y una inversión de 480 millones de pesos, por lo que decidió, como mejor opción, contratar a empresas públicas o privadas para estos análisis con un costo de 300 millones de pesos.

Según el plan de la Conagua, para 2018 se concluirán las acciones resultantes de los estudios y se podrán conocer las acciones que se requieren.

El programa de estudios especializados a presas de almacenamiento, derivadoras y bordos en alto riesgo, está contemplado en la partida presupuestal 62905.