AMLO prohíbe dar a un medio más de 25% de publicidad

Presidencia publicó un acuerdo que fija topes para la contratación de publicidad gubernamental.

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El Gobierno federal anunció ayer los lineamientos de su política de Comunicación Social, en los que prohíbe premiar o castigar a periodistas y medios de comunicación a través de la publicidad gubernamental. (Foto: Reforma/Paola Urdapilleta)
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Claudia Guerrero

Agencia Reforma

Ciudad de México.-El Gobierno federal fijó las reglas y límites en materia de comunicación social.

En conferencia en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gasto de Gobierno en publicidad se redujo en un 50 por ciento.

"De acuerdo a nuestra propuesta de austeridad, se disminuye el gasto de publicidad en un 50 por ciento en comparación a lo que se ejercía anteriormente", dijo.

El Mandatario federal afirmó que habrá más equidad y se distribuirá ese gasto de manera horizontal.

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"Que no se concentre, que alcance a todos y que actuemos en función de criterios transparentes, que se sepa quién es quién en los pagos por servicios de publicidad", indicó.

Esta mañana, la Presidencia publicó un Acuerdo por el que se establece la Política de Comunicación Social del Gobierno federal, que fija topes para la contratación de publicidad gubernamental y prohíbe hacer uso de la misma para "premiar, privilegiar o coaccionar" a comunicadores.

Su finalidad, indica el documento, es ponderar la honestidad como premisa básica para acabar con la selección discrecional en la contratación de medios para implementar la estrategia de comunicación social.

El Acuerdo establece que, con motivo de la austeridad, el límite del gasto en publicidad institucional no debe rebasar en ningún ejercicio fiscal el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el Poder Legislativo.

"La austeridad en materia de comunicación social en el Gobierno federal, se implementará a través de la disminución del gasto en dicha materia, así como con el aprovechamiento al 100 por ciento de los tiempos oficiales y en la optimización de los recursos", señala.

Queda prohibido que un medio de comunicación concentre un porcentaje mayor al 25 por ciento de la totalidad de la pauta publicitaria que se encuentre en una campaña particular, a cargo de una dependencia o entidad federal.

"Salvo que se trate de la producción de los materiales a divulgar o, en su caso, se justifique la imposibilidad de distribuir esa pauta en atención al objetivo previsto en la campaña. Cuando se trate de producción de materiales debe privilegiarse su elaboración en medios públicos", indica.

Las dependencias y entidades federales no podrán hacer uso de propaganda para presionar, castigar, premiar, privilegiar o coaccionar a comunicadores, o bien, a medios de comunicación.

Tampoco podrán realizar erogaciones por concepto de notas, entrevistas o imágenes con fines periodísticos; otorgar recursos públicos "encubiertos" que beneficien, directa o indirectamente a los medios; o recibir algún pago a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones o inserciones.

Una las obligaciones que plantea el Acuerdo es que toda la Administración federal deberá publicar en sus portales de transparencia la información relativa al gasto de campañas de comunicación social.

Dicha información deberá contemplar la información por campaña, proveedor, tipo de medio o servicio, contrato, factura, entidad o dependencia, y estar disponible en formatos abiertos para su utilización.

Cuando a dependencias y entidades les autoricen ampliaciones presupuestales, tendrán que emitir un comunicado de prensa al respecto, que deberá contener al menos el monto autorizado, así como la justificación respecto a la ampliación autorizada.

Entre los temas susceptibles de publicidad gubernamental están protección de la salud y nutrición; respeto a la integridad física y familiar; protección a los grupos de personas o de sectores de población históricamente desprotegidos, e igualdad de género.

 

También educación y valores culturales; la historia, el patrimonio cultural y social de México; el fomento a la memoria y reconocimiento de las violaciones graves a derechos humanos; cuidado del medio ambiente; y la no discriminación.

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