22 de Octubre de 2018

México

Amnistía pide investigar al Ejército por desaparición de normalistas

La organización pidió al Estado llegar hasta el fondo de las acusaciones sobre la posible complicidad de militares en el caso de Ayotzinapa.

Según testimonios de los supervivientes, miembros del batallón 27 del ejército entraron en la clínica e incluso hicieron salir a algunos heridos, que sobrevivieron al secuestro y desaparición de 43 estudiantes que algún otro punto de la ciudad y que, con excepción de uno, cuyos restos han sido identificados, pertenecen desaparecidos. (Archivo/SIPSE)
Según testimonios de los supervivientes, miembros del batallón 27 del ejército entraron en la clínica e incluso hicieron salir a algunos heridos, que sobrevivieron al secuestro y desaparición de 43 estudiantes que algún otro punto de la ciudad y que, con excepción de uno, cuyos restos han sido identificados, pertenecen desaparecidos. (Archivo/SIPSE)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- Amnistía Internacional pidió el jueves que las autoridades investiguen el papel del Ejército y las autoridades en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, según informó Associated Press.

"Está claro que hay un nivel de protección y enmascaramiento de delitos cometidos por el Ejército en el marco de una política de militarización del país", dijo Erika Guevara-Rosas, Directora de las Américas Amnistía Internacional.

En una rueda de prensa criticó duramente la investigación que las autoridades llevan a cabo en el caso de los estudiantes normalistas de la escuela de Ayotzinapa en el estado de Guerrero.

"Pedimos una línea de investigación seria, ya que hay alegaciones y testimonios de que el ejército ingresó en una clínica para sacar estudiantes que buscaban refugio y asistencia", agregó.

El 26 de enero en la ciudad de Iguala, los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa estaban recaudando fondos y secuestrando autobuses y conductores para desplazarse a una marcha de protesta en la ciudad de México, como habitualmente hacían, cuando la policía municipal, por órdenes del alcalde, José Luis Abarca, intervino contra ellos.

AI opina que el comportamiento del Ejército podría implicar acción u omisión militar en lo sucedido aquella noche

Después de varios ataques policiales que ya habían provocado seis muertes y un tiroteo donde aparentemente participaron también presuntos miembros del crimen organizado, un grupo de estudiantes se refugió en una clínica.

Según testimonios de los supervivientes, miembros del batallón 27 del ejército entraron en la clínica e incluso hicieron salir a algunos heridos, que sobrevivieron al secuestro y desaparición de 43 estudiantes que algún otro punto de la ciudad y que, con excepción de uno, cuyos restos han sido identificados, pertenecen desaparecidos.

La versión oficial de los hechos, cuestionada por familiares y organizaciones sociales, es que la policía entregó a los estudiantes al crimen organizado que los asesinó y quemó sus restos en un basurero cercano antes de arrojarlos a un río. Forenses austríacos que ha tratado de identificar los restos aparecidos en el río ya han anunciado que el nivel de destrucción de los mismos probablemente no permitirá su identificación.

Desde el principio se ha criticado que el ejército hizo acto de presencia en la ciudad la noche del 26 de septiembre y no intervino. El responsable de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, ha explicado que en su opinión la no intervención del ejército contra la policía evitó que la situación fuera aún peor.

Ahora Amnistía Internacional cree que ese comportamiento podría implicar acción u omisión militar en lo sucedido aquella noche y por eso pide que se abra una línea de investigación al respecto.

Guevara-Rosas también denunció que las autoridades tenían conocimiento de las relaciones del alcalde Abarca y su familia con el crimen organizado debido a denuncias previas y que no se hizo nada por intervenir, algo que podría haber evitado lo sucedido.

"Hay funcionarios coludidos con el crimen organizado y que han ordenado la comisión de crímenes", agregó la responsable de Amnistía Internacional que pidió del gobierno de Enrique Peña Nieto un reconocimiento público de la crisis en materia de Derechos Humanos que vive el país así como un compromiso de que la respuesta a esta crisis se convierta en una prioridad de su administración.

Desde que en 2006 el presidente Felipe Calderón, predecesor de Peña Nieto lanzó la llamada "guerra contra las drogas", se han registrado más de 100.000 muertos y el estado reconoce alrededor de 23.000 desaparecidos. Para Amnistía Internacional, la situación actual de México es equiparable a la de algunos países en un conflicto abierto.

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