Agencias
MÉXICO, D.F.- La Corte aplazó su votación en torno a la localización en tiempo real de teléfonos celulares que son usados por delincuentes, pues analiza establecer límites a los Ministerios Públicos federal y del fuero común para evitar abusos de autoridad.

A pesar de que ocho ministros están a favor de avalar las reformas que obligan a las empresas telefónicas a entregar dicha información sin orden judicial, cuatro de ellos dijeron que es necesaria una interpretación conforme para establecer en qué supuestos se debe facilitar esta clase de datos, informa Milenio.

Algunos comentaron que, para que la petición del MP proceda, debe demostrar que exista una urgencia o busca salvar una vida o exista peligro de que el objeto de la búsqueda se oculte o desaparezca.

Para llegar a un consenso y evitar un pronunciamiento de desistimiento, la ministra Margarita Luna Ramos, quien presentó el proyecto de sentencia, pidió aplazar la votación para el próximo jueves, para elaborar un test que les permita llegar a un acuerdo tras los distintos puntos de vista.

Sélo los ministros Luis María Aguilar Morales, Arturo Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y la propia Margarita se habían pronunciado por la constitucionalidad de las reformas.

No obstante, el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Fernando Franco González Salas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea expusieron que es necesaria la interpretación conforme.

Pese a ello, los ocho ministros están a favor de declarar constitucional las reformas a los artículos 133 Quáter, del Código Federal de Procedimientos Penales y 16, fracción I, apartado D y 40 bis, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Los cambios sólo autorizan a los titulares de la PGR y de Justicia de las entidades, solicitar información a las concesionarias telefónicas, con el fin de prevenir delitos y rescatar víctimas de la delincuencia organizada.

Contrastes

Ayer, durante el tercer día de debate sobre el tema, Silva Meza fijó su postura y dijo estar de acuerdo con la reforma, pues los delitos de alto impacto que se busca combatir, como el secuestro, la extorsión, amenazas, delincuencia organizada y contra la salud, “atentan seriamente contra las instituciones democráticas”.

Asimismo, expresó que las normas “justifican que el Estado, bajo el principio de debida diligencia, lleve a cabo las acciones y utilice los medios técnicos adecuados para proteger la integridad de las personas que sufren o son susceptibles de sufrir esos delitos.

Sin embargo, José Ramón Cossío Díaz reiteró que son inconstitucionales las reformas, porque violan diversos derechos, entre ellos el de privacidad.

Dijo que no comparte las posturas de algunos de sus compañeros, quienes aseguraron que el espectro radioeléctrico está bajo el control total del Estado y puede interferir señales cuando así lo desee.