México-Guatemala, la otra frontera en crisis

Washington ha gastado una fuerte suma en programas de seguridad, que podrían aumentar con la reciente oleada de inmigrantes.

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El río Suchiate, frontera natural entre México y Guatemala, es el paso de miles de centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos. (rgrande.com)
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Víctor Hugo Michel/Milenio
MÉXICO, D.F.- Las fronteras del norte y sur de México son completamente distintas: mientras el límite con Estados Unidos es vigilado por miles de agentes y cámaras, el borde del sur es prácticamente territorio de nadie, aunque la situación parece estar cambiando...

Soldados de fuerzas especiales equipados con visores nocturnos para evitar incursiones clandestinas. Lectores biométricos que registran y almacenan datos sobre la identidad de cada migrante detenido. Lanchas rápidas para interceptar a quien quiera cruzar de ilegal por el río. Nuevas oficinas de campo con agentes federales estadunidenses dedicados a tareas de inteligencia. Lectores de rayos X en cruces carreteros. En el papel, pareciera una lista más de equipo destinado a reforzar el control de la frontera entre México y Estados Unidos. Pero no lo es. Ese equipo está en Chiapas y los soldados son mexicanos. El río en cuestión es el Suchiate, no el Bravo.

El anterior listado refleja solo una parte de los cada vez más numerosos y relativamente poco conocidos proyectos de seguridad que financia el gobierno estadounidense en la frontera entre México y Centroamérica, una región que, de acuerdo con funcionarios de EU, será objeto del anuncio de la Casa Blanca de un nuevo programa de asistencia multimillonaria con miras a ayudar a los gobiernos de la región a “cortar de origen”  la oleada de niños centroamericanos que va al norte en busca de asilo.

En el papel, el gobierno de México se ha negado históricamente a controlar la migración en la frontera sur como los estadounidenses lo hacen en la norte, rechazando múltiples recomendaciones de Washington para crear una Patrulla Fronteriza o erigir barreras físicas.

Pero si bien aún no hay un muro o una corporación dedicada a atrapar migrantes, la realidad en Chiapas cada vez se asemeja más a la de Arizona y Texas en un punto: decenas de millones de dólares han sido invertidos ahí para reducir la porosidad e incrementar el control fronterizo.

Con la venia de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Estados Unidos ha gastado desde 2008 más de 350 millones de dólares en programas de seguridad al sur de territorio nacional, una cifra sin precedentes en la historia y que está en ruta de incrementarse, en particular ante los cada vez más estridentes llamados de distintos sectores de la política estadounidense a aprobar fondos de emergencia que ayuden al gobierno mexicano a enfrentar la más reciente crisis migratoria.

Papel más directo

Una investigación de Milenio basada en documentos presupuestales de agencias gubernamentales mexicanas y estadounidenses, informes desclasificados vía leyes de transparencia y reportes académicos, ofrece detalles de qué tanto ya está haciendo Washington en la frontera sur y, sobre todo, qué tanto ha accedido el gobierno mexicano a que agencias de EU tomen un papel cada vez más directo en labores de control fronterizo y migratorio en Chiapas.

Es algo que hubiera sido impensable hace algunos años, pero hoy corporaciones estadunidenses colaboran con el gobierno mexicano conjunta y abiertamente en el terreno, particularmente en el uso de tecnología avanzada. No solo eso: los departamentos de Seguridad Interna (DHS), Estado y Defensa mantienen distintas iniciativas paralelas en la zona e incluso se ha permitido que el primero cuente con oficinas de campo en Tapachula, según se desprende de documentos liberados por Washington vía su ley de transparencia, FOIA.

“La oficina de Investigaciones de Seguridad Territorial (de DHS) estableció una oficina de enlace (…) desplegando agentes a Tapachula, Chiapas, de forma rotativa para elevar la capacidad de identificación de extranjeros de países que representan una preocupación de seguridad nacional y que son liberados del centro de detención (del INM) de Tapachula”, revela un memorando interno del departamento, redactado previo a la reunión que sostuvieron el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y la titular del DHS, Janet Napolitano, en febrero de 2012.

Y ese, se añade en el informe, es solo uno de los proyectos que Seguridad Interna tiene en la frontera sur, en la que “agentes especiales actualmente se encuentran trabajando con personal (estadounidense) y el gobierno de México en la implementación y el uso de equipos biométricos”.

Dinero redirigido

La oficina de Washington en América Latina (WOLA), una organización no gubernamental dedicada a monitorear el impacto de la política exterior estadounidense en la región, presentó a mediados de junio un reporte especial en el que documentó al menos nueve proyectos financiados y coordinados por EU en Chiapas, entre los que se incluyen camiones de rayos X donados a la Policía Federal y al Ejército para controlar puntos carreteros, kioscos con lectores biométricos para recopilar datos de migrantes centroamericanos e incorporarlos a Plataforma México, construcción de instalaciones para el Instituto Nacional de Migración y Aduanas, y entrega de equipo militar de última generación para control fronterizo.

Si bien la mayoría del dinero de asistencia bilateral ha sido destinado a programas antinarcóticos, la crisis de los menores no acompañados abre la oportunidad a que se redirija el dinero a labores migratorias, alertó la WOLA.

“La mayoría de los fondos (de la Iniciativa Mérida) han ido a la frontera norte, pero eso podría cambiar al crecer las preocupaciones sobre los flujos de migrantes centroamericanos”, destacó la ONG en su informe “La otra frontera de México: seguridad, migración y la crisis humanitaria en la línea con Centraomérica”.

Fichan a centroamericanos

Como en el norte, en el sur la tecnología biométrica -diseñada para detectar rasgos faciales- ha comenzado a ser utilizada para determinar quién cruza la frontera. 

Al menos desde 2009, la embajada de Estados Unidos en México coordina junto con el Instituto Nacional de Migración un programa especial para crear controles de identidad similares a los que se emplean en cruces de Texas, California y Arizona, un esfuerzo que a la fecha ha llevado a que cientos de miles de fichas de ciudadanos hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, entre otras nacionalidades, hayan sido recopiladas por la Secretaría de Gobernación.

“Equipo biométrico ha sido instalado en al menos tres puntos de control en la frontera sur de México. La información biográfica y biométrica colectada en estos retenes se almacenará en una base de datos que será una herramienta poderosa para apoyar procedimientos judiciales y esfuerzos antiterrorismo”, detalla una hoja informativa de la embajada, fechada en diciembre de 2011. 

Refuerzo a militares

El uso de tecnología militar donada por el Pentágono en labores de vigilancia fronteriza es uno de los puntos menos conocidos del involucramiento estadunidense en Chiapas. Desde 2011, el Departamernto de Defensa ha coordinado un programa de 50 millones de dólares encaminado a “fortalecer la seguridad a lo largo de la frontera entre México, Guatemala y Belice”.

De acuerdo con la estrategia antinarcóticos 2010 de la Casa Blanca, desde ese año fondos de entrenamiento del Pentágono han sido destinados a procurar equipo para las unidades de fuerzas especiales del Ejército y la Marina para luchar contra el narcotráfico, particularmente con visores nocturnos y chalecos antibalas. Pero dentro de este financiamiento -del cual no se especifica el monto- se incluye un componente chiapaneco.

“Fondos de Financiamiento Foráneo Militar serán utilizados para proveer de comunicación segura a infantes de Marina mexicanos, incluidas tropas que están apoyando los esfuerzos del gobierno por controlar la frontera sur de México con Guatemala y Belice”, se explica en la estrategia.

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