Agencias
MÉXICO, D.F.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 407 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones, el Código Nacional de Procedimientos Penales para homologar los criterios para la investigación, el juicio y la sanción de los delitos tanto en el orden federal como en el fuero común, según informó el sitio web de Milenio.

Diputados de diversas bancadas, particularmente de Movimiento Ciudadano y del PRD, reservaron alrededor de 70 artículos para su discusión en lo particular.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Justicia, el código garantiza los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; así como los de igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia y prohibición de doble enjuiciamiento.

Las audiencias podrán ser presenciadas tanto por las partes del proceso, como por el público en general, y se prevé la posibilidad de registrar las actuaciones de los procedimientos penales en audio, vídeo o cualquier otro soporte.

"Los registros de las actuaciones en todo el procedimiento podrán realizarse por escrito, audio o video, y en general por cualquier soporte que garantice su reproducción; se eliminan así las formalidades excesivas previstas para resguardos", subraya el documento.

El código procesal penal único se sustenta en el respeto a los derechos humanos en todas las fases de los procedimientos penales y establece la protección a la víctima como aspecto central.

Por ello y ante una situación de peligro para la integridad de la víctima u ofendido, el Código Nacional de Procedimientos Penales considera un catálogo de medidas cautelares, entre las que destacan la prisión preventiva, la colocación de localizadores electrónicos, la inmovilización de cuentas y el embargo de bienes al inculpado.

Cualquiera de esas disposiciones deberá ser autorizada por el órgano jurisdiccional.

Se prevén también medidas precautorias para la restitución de los derechos de la víctima, como la reparación del daño. Para ello se dispone el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas.

"Estas medidas podrán tener una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días más, atendiendo a las circunstancias de cada caso", subraya el documento.

Según los artículos transitorios del dictamen, el Código Nacional de Procedimientos Penales cobrará vigor en el ámbito federal a más tardar el 18 de junio de 2016.