Agencias
MÉXICO, D.F.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a investigar violaciones a derechos, citar a comparecer a servidores públicos y presentar juicio político en su contra, según publica Notimex.

La propuesta que fue avalada en lo general por 389 votos y en lo particular por 406 votos, deriva de una iniciativa presentada el 9 de abril por la diputada priista Miriam Cárdenas Cantú.

La reforma adiciona los títulos VII y VIII a la legislación vigente: Del Ejercicio de la Facultad de Investigación de Violaciones Graves a Derechos Humanos y Del Procedimiento para la Comparecencia de los Servidores Públicos que no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones.

Mediante estas adiciones se establece que la CNDH podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo solicite el Ejecutivo federal.

La asamblea establece que todas las autoridades están obligadas a enviar la información que les sea requerida

Además, la petición del Ejecutivo federal podrá hacerse por conducto de la Consejería Jurídica de la Presidencia, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

El ombudsman decidirá si ejerce la facultad de investigación o no, mediante acuerdo fundado y motivado, y estará autorizado para citar a todos los servidores públicos que considere deban comparecer ante la misma.

El documento aprobado por la asamblea establece que todas las autoridades están obligadas a enviar la información que les sea requerida en el curso de la investigación de la comisión, aun la reservada o confidencial.

Señala que en las recomendaciones que se emitan con motivo del ejercicio de la facultad de investigación, la CNDH podrá presentar denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados o ante las legislaturas de los estados, según corresponda.

Cuando un servidor público no acepte o incumpla una recomendación de la CNDH deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, compareciendo personalmente ante el pleno de la Cámara de Senadores.

Tras la comparecencia, la CNDH determinará, previa consulta con el Senado, si son suficientes la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o a cumplir las recomendaciones emitidas.

Si se determina que los fundamentos son insuficientes y persiste la negativa a aceptar o cumplir la recomendación de la comisión por parte del servidor público, la CNDH podrá denunciarlo ante el Ministerio Público o ante la autoridad administrativa que corresponda.

Al presentar la postura de Nueva Alianza, René Fujiwara Montelongo, estableció que salvaguardar los derechos humanos es una obligación ineludible del Estado mexicano y para que lo logre es necesario de que todas las reglamentaciones estén en armonía con las reformas constitucionales que emanan desde el Poder Legislativo.

Indicó que las reformas aprobadas otorgan más certidumbre jurídica a la actuación de la CNDH para velar por el respeto de los derechos de las y los mexicanos.

Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) habló Martha Vital Vera, quien señaló que cualquier proyecto tendiente a fortalecer el mejor cumplimiento de las labores constitucionales y legales de la comisión es siempre bienvenido.

No obstante, aclaró, el análisis correspondiente debe ser muy agudo para no crear procesos o competencias huecos que en lugar de procurar los derechos fundamentales los minimicen.

Consideró que las ideas plasmadas en la iniciativa respetan la tradición de los ombudsman y/o defensores del pueblo, es decir, una institución proveniente de modo indirecto del Estado, con carácter autónomo, con fortaleza moral y sin facultades coercitivas o vinculadoras para hacer cumplir sus determinaciones.

La diputada Miriam Cárdenas Cantú fijó la postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y mencionó que se tiene la oportunidad de renovar el marco jurídico de la CNDH con esta iniciativa que se aprobó por el pleno, lo cual le permitirá más efectividad en sus resoluciones.