Agencias
MÉXICO, D.F.- Aun cuando el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fijó una postura de 'eliminación' del arraigo, porque considera que es 'violatorio' de los derechos humanos, en los primeros cuatro meses de la administración se ha sometido a esta medida jurídica a 241 personas, según se desprende de información de la PGR obtenida por MILENIO a través de la ley federal de Transparencia.

La PGR se negó a detallar los casos, por delito, en los que ha solicitado esta figura 'cautelar', pero de manera 'general' dio a conocer que “los ilícitos de mayor incidencia” para arraigar a personas son delincuencia organizada, secuestro, lavado de dinero, delitos contra la salud, violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, así como tráfico de indocumentados.

En diciembre de 2012, el procurador Jesús Murrillo Karam “se pronunció” por desaparecer de manera paulatina esa medida cautelar, la cual ha privado de la libertad a presuntos culpables e inocentes. 

Entonces, al encabezar la ceremonia del Día Internacional de los Derechos Humanos, dijo que, al igual que el arraigo, es necesario que la Procuraduría General de la República se deshaga de otras medidas cautelares que utiliza para integrar sus investigaciones.

Para lograrlo, explicó, es necesario que se dote a la dependencia de instrumentos necesarios para cumplir su tarea, así como de personal con 'talento'.