Agencias
MÉXICO, D.F.- Paola Geraldine Cervantes Cedeño lleva cuatro meses en prisión acusada de asesinato, crimen que, a decir de su familia, no pudo cometer. 

Las pruebas presentadas ante la justicia debieron bastar para decretar su inmediata y absoluta libertad; sin embargo, el juez 51 de lo penal del DF resolvió mantenerla en la cárcel, pues “no podía determinar que ella no es la persona que (las autoridades) buscan”.

El cargo que pesa sobre Paola Geraldine Cervantes Cedeño es por un homicidio cometido hace tres años, cuya principal sospechosa es una mujer con características físicas completamente diferentes a las de ella, argumento que, a pesar de las evidencias recabadas a su favor, no bastó para obtener su libertad, informa excelsior.com.mx

Su esposo, Francisco Álvarez denunció, a través de las redes sociales, la detención en el Estado de México a manos de policías del Distrito Federal, de Paola, y su activismo se ha centrado en conseguir firmas de apoyo para pedir ayuda a Miguel Ángel Mancera, jefe del GDF.

El arresto

Poco después del mediodía del 23 de mayo pasado, Paola apenas había salido de su hogar en Tultitlán, Estado de México, donde vivía con su esposo y sus hijos de seis años y dos años. De improviso, un vehículo se detuvo frente a ella, descendieron dos sujetos que se identificaron como agentes judiciales del Distrito Federal y le preguntaron si su nombre era Suleyka Biaurruti, Andrea o Paola Geraldine Cervantes Cañedo.

Paola lo dudó un momento, pero segundos después contestó que sí se llamaba Paola Geraldine Cervantes, no Cañedo, como los agentes le habían cuestionado, sino Cedeño. Inmediatamente los dos policías le dijeron: “¡Venimos por ti!”. La tomaron de los brazos y quisieron subirla por la fuerza, advirtiéndole que estaba detenida, ella, asustada, se resistió.

Los vecinos que caminaban por la zona creyeron que estaban secuestrando a Paola e inmediatamente, con empujones, jaloneos y gritos la ayudaron, evitando que la subieran al vehículo. Esta acción no sirvió de mucho, pues minutos más tarde los dos agentes capitalinos volvieron con refuerzos de la policía de Tultitlán en una camioneta y señalando a Paola como la principal sospechosa del homicidio de un hombre llamado Carlos. Se la llevaron y ahí empezó la pesadilla.

El homicidio

Tres años atrás, la madrugada del 30 de abril de 2011, en la colonia Valle Gómez, de la delegación Venustiano Carranza, apareció el cadáver de un hombre identificado como Carlos Suárez Fragoso, de 35 años, maniatado, y al lado tenía un mensaje de advertencia, aparentemente del crimen organizado.

De acuerdo con las primeras pesquisas, su muerte fue ocasionada por asfixia y golpes. Según  la averiguación previa, se reveló  que el cuerpo de Suárez no presentaba disparos ni heridas por arma blanca.

Justo ese día, un vehículo Volvo apareció calcinado a varios kilómetros de distancia, en la delegación Iztapalapa. Tras las indagatorias se concluyó que el carro perteneció a Carlos.

Paola estaba embarazada cuando asesinaron a Carlos

Al mismo tiempo, en Tultitlán y de acuerdo con el testimonio de Francisco y de su médico, Paola esperaba a su segundo hijo, tenía tres meses de gestación y su embarazo era delicado, por lo que tomaba medicamentos.

“Era imposible que ella hubiese participado en el homicidio de ese hombre”, explica su marido.

La investigación por parte de la Procuraduría del Distrito Federal comenzó y tras recabar las declaraciones de los familiares de Carlos se pudo saber que éste murió luego de asistir a una fiesta al sur de la Ciudad de México, en compañía de una mujer “rubia, delgada y de muy buen cuerpo”, a quien había conocido días antes, pues en ese momento ella estaba interesada en comprarle un vehículo.

Luego de recabar testimonios de personas cercanas a Carlos y conseguir rastrear las últimas llamadas realizadas desde su teléfono celular, se logró dar con el lugar al que había asistido Carlos la noche del 29 de abril: a un bar en la avenida Acoxpa.

Relación con el dueño del bar

Además logró conseguirse información importante sobre la misteriosa mujer con la que Carlos había salido: se hacía llamar Suleyka Biaurruiti y mantenía una relación sentimental con el dueño de ese bar.

Pasaron los meses y la Procuraduría capitalina continuó con las investigaciones para saber quién había matado a Suárez. Tras recabar más testimonios, entre ellos el de un mesero que había atendido a Suleyka la noche del crimen, supieron que ella estaba involucrada con una banda de robacoches y que el objetivo era despojar a Carlos de su Volvo.

De acuerdo con la averiguación, se obtuvieron fotografías de Suleyka vía Facebook y luego de las investigaciones se supo que el dueño del bar con el que ella salía vivía en el barrio de Tepito.

La policía acudió a buscarlo sin éxito y sólo se obtuvieron datos proporcionados por vecinos que se ampararon en el anonimato y quienes tras ver los retratos de una mujer “rubia, delgada y de muy buen cuerpo” que las autoridades les presentaron, afirmaron que ella se llamaba en verdad Paola Geraldine Cervantes Cedeño y vivía en la delegación Venustiano Carranza.

No sólo proporcionaron el nombre sino que, además, le dieron a la policía una dirección que extrañamente coincidía con la del padre de Paola, la ahora detenida.

Fue hasta dos años después de estos últimos hechos, en Tultitlán, cuando Paola Geraldine Cervantes Cedeño, “una persona que mide 1.60, de complexión delgada, cabello castaño oscuro, rizado, casada y madre de dos hijos” fue arrestada.

Peritajes contrastantes

Tras rendir su declaración preparatoria, Paola fue remitida al juzgado 51 de lo penal del Distrito Federal, donde el juez determinó dictarle un auto de formal prisión por el delito de homicidio, iniciando así formalmente el proceso jurídico contra ella.

Los peritajes que hasta ahora se han presentado y están en posesión del juez son contrastantes: iniciando por la comparación fotográfica, pues existen señas particulares que en nada coinciden entre Suleyka y Paola, el estudio antropométrico tampoco da resultados positivos para la investigación, pues una tiene el mentón oval y la otra cuadrado, además de que la forma de la frente es diferente.

“El Ministerio Público da por sentado que mi esposa Paola es la misma chica de la foto, la rubia, lo cual no comprueban porque, hasta donde yo sé, le corresponde al Ministerio Público determinar quién es esa mujer de la foto del perfil en Facebook de Suleyka Biaurruti y no como ahorita está ocurriendo, que nosotros tenemos que demostrar que Paola es mi esposa y no es Suleyka Biaurruti”, expresó a Excélsior Francisco Álvarez, esposo de Paola Geraldine.

Francisco exige que las autoridades se centren en revisar cómo se hacen las investigaciones y revisen el caso y, tras un proceso, busquen al verdadero culpable de asesinar a Carlos Suárez y se conozca lo que en verdad pasó esa noche de abril de 2011.

Sus hijos la reclaman

“Nuestros hijos preguntan ¿dónde está mamá? No saben la realidad, están con la incertidumbre y el nervio de cuándo la van a ver, la extrañan enormemente y quisieran ya abrazarla, pero por ahora no se puede”, explicó.

Su esposo cotidianamente acude al reclusorio a visitarla y relató que ella ya se encuentra desesperada y decepcionada, pues no entiende quién y por qué buscan hacerle daño al relacionarla con un delito así.

El 10 de octubre, el hijo pequeño de Paola cumplirá tres años y su familia mantiene la esperanza de que para esas fechas ella haya salido de prisión y pueda estar con los suyos para celebrar ese cumpleaños en compañía de sus pequeños y su esposo.

Miles de presos, en espera

Un total de 110 mil 116 reos se encuentran en espera de conocer su sentencia y saber si permanecerán recluidos o no en alguno de los 386 centros penitenciarios del país. Así, se revela el incremento en casi siete mil del número de procesados respecto al año anterior de acuerdo a la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad,

Según información de la dependencia federal, el año pasado, 103 mil presos permanecían en el interior de los penales, esperando su sentencia, mientras que en 2012 lo hacían 98 mil 414 internos.

Las cifras indican que el total de la población penitenciaria en México es de 254 mil 641 encarcelados, de los cuales, en el último año, fueron sentenciados 144 mil 525 por delitos, tanto del fuero federal como del común.

En el registro realizado por la Comisión Nacional de Seguridad también destaca que existe una sobrepoblación penitenciaria de alrededor de 174 mil 187 reos, pues el total de espacios que posee el Sistema Nacional Penitenciario es de tan sólo 199 mil 828 lugares.

Muchos de estos casos podrían resultar en que fueron afectados sus derechos humanos, debido a la inejecución efectiva del debido proceso, el cual cobra especial relevancia en la nueva Ley de Amparo.

Para Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, “las autoridades están obligadas escrupulosamente a proteger y respetar el debido proceso y sus garantías, entre ellas el principio de presunción de inocencia y el Estado no lo hace la conclusión es evidente, el Estado delinque”.

Hace unos meses, durante el ciclo de mesas de análisis de la nueva Ley de amparo con enfoque de derechos humanos, señaló que al violar el derecho a la presunción de inocencia o al debido proceso, el Estado se vuelve victimizador.