Luis Fuente/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- Al término de su 64ª asamblea, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) exigió la no intromisión de políticos y grupos económicos poderosos en la toma de decisiones de los jueces, quienes incluso en países de la región, son cesados y procesados penalmente por afectar intereses de aquéllos.

La autonomía de los juzgadores fue el vértice de esta reunión, en la que se isistió en que se debe siguir pugnando porque no existan injerencias de ningún tipo en la labor del juzgador que vengan de otros poderes.

México pidió que se fortalecieran  los procedimientos de autolimpieza de los poderes judiciales locales.
“El respaldo presupuestal a las judicaturas es garantía de su autonomía y autogobierno pero también la garantía social de la autonomía, es decir, no estar sometido a ningún otro poder político, económico y la capacidad de autogobernarse”, señala el documento “Declaración de Yucatán”.

Desde esta perspectiva, reafirmaron que la independencia judicial supone la existencia de condiciones o requisitos básicos que le permitan al juez abocarse al conocimiento de los asuntos propios de sus cargos sin presiones de ninguna naturaleza y sin temor a sufrir  consecuencias adversas, como resultado de su tarea decisoria.

Se establece que la independencia de los jueces exige el establecimiento de sistemas que aseguren que sus nombramientos, permanencia y retiro estarán precedidos sólo de consideraciones de mérito y desempeño, eliminando toda subjetividad o discrecionalidad en estas materias.

La FLAM no rehúye el principio de responsabilidad de los jueces en los casos en que se detecten conductas irregulares, pero no acepta que esas situaciones completamente excepcionales, siembren un manto de dudas.

Por ello, corresponde asegurar la inamovilidad en el cargo, de forma tal, que las decisiones jurisdiccionales deriven siempre de un proceso racional y analítico de los antecedentes de cada caso en particular, y no sean el resultado de presiones, amenazas o injerencias indebidas de aquellas autoridades que poseen el poder de suspender o remover al juez de sus funciones.

Indicaron que también existe un fenómeno preocupante en varios países latinoamericanos en orden, al restarle importancia al ejercicio de la labor jurisdiccional, ubicando al Poder Judicial en un plano secundario o incluso inferior al poder político.

Destacó que es necesaria la importancia de contar con jueces independientes en el ejercicio de sus labores jurisdiccionales, como un requisito previo al principio de legalidad y como única forma de mantener y fortalecer el Estado Democrático de Derecho.

En el documento  las organizaciones afiliadas a la FLAM reafirmaron el principio de responsabilidad de la judicatura latinoamericana, profundamente comprometida con la defensa de los derechos humanos y el combate a la corrupción.

Insistieron en que los jueces de América Latina no sólo carecen de toda vinculación con las organizaciones de crimen organizado, sino que, muy por el contrario, son quienes mediante los instrumentos del derecho combaten a estas organizaciones y dan cobijo y amparo jurídico a las víctimas de aquéllas.

Manifestaron que el alcance de la potestad disciplinaria respecto a los jueces exige establecer en qué medida la actuación de aquéllos es susceptible de consideración con fines sancionatorios, debiendo tenerse en cuenta que a los jueces se les ha encomendado la tutela de los derechos ciudadanos y el control de los actos del ejecutivo y por ello resulta especialmente valiosa la preservación de la independencia judicial. 

Afirmaron que cualquiera que sea el contenido de estas potestades disciplinarias, no pueden convertirse en un instrumento para controlar o incluso corregir el ejercicio de la actividad jurisdiccional imponiendo las valoraciones o intereses del órgano sancionador y en todo caso, ha de considerarse que todo expediente disciplinario debe respetar las normas del debido proceso.

En aquellos países, donde los órganos “disciplinadores” están constituidos íntegra o parcialmente por miembros de la propia judicatura, resulta importante fortalecer los mecanismos que aseguren la idoneidad de los operadores de la justicia y el pleno respeto de los derechos fundamentales de jueces y juezas sancionados.

El documento señala que resulta necesario que las remuneraciones de los jueces sean dignas y coherentes con la responsabilidad que implica resolver acerca de los derechos y bienes más valiosos de las personas.

“No debe perderse de  vista, que la independencia que pretendemos preservar ha de considerar no sólo remuneraciones dignas durante la vida laboral de los jueces y juezas, sino que también fondos de retiro que permitan vivir adecuadamente una vez finalizada la actividad laboral jurisdiccional”, señala el documento.

Detallaron que han encontrado graves violaciones a la independencia judicial en países como El Salvador, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. Éstos además enfrentan déficits presupuestarios como consecuencia de una asignación insuficiente de recursos para cumplir con una correcta y pronta administración de justicia.

Acuerdos

1. Exhortamos al Gobierno de Honduras para que cese de inmediato en el uso de instrumentos invasivos como es el polígrafo, que vinculan en forma completamente injustificada a los jueces de ese país con organizaciones delictivas, afectando de paso la dignidad de la judicatura hondureña y generando un temor que socava el sistema democrático de derecho.
2. Insistimos en la necesidad de que los gobiernos de Latinoamérica aseguren el ejercicio de la magistratura en condiciones que eliminen toda posibilidad de atentados a la integridad física y psicológica de los jueces y juezas de nuestros países.
3. Instamos a las autoridades competentes de los países de América Latina a desarrollar sistemas que garanticen la independencia judicial mediante el aseguramiento del acceso, permanencia y cese en los cargos judiciales conforme a parámetros de mérito y desempeño que eliminen todo espacio de arbitrariedad.
4. Requerimos a las autoridades políticas de nuestro continente el establecimiento de sistemas presupuestarios y remunerativos que permitan el desarrollo de las tareas jurisdiccionales en condiciones materiales adecuadas, asegurando la debida autonomía de nuestros poderes judiciales así como remuneraciones que sean dignas y coherentes con la importante tarea que le ha sido encomendada a los jueces y juezas, única forma de eliminar toda posibilidad de injerencias indebidas por partes de grupos de poder económico,  político o de cualquier otra índole.
5. Apoyamos las gestiones desarrolladas por la Asociación Nacional de Magistrados de Perú y por ello solicitaremos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgue a dicha asociación el trámite prioritario “per saltum”, previsto en el artículo 29 de la comisión con el objeto de impedir que el transcurso del tiempo le quite eficacia a la legítima pretensión peruana. De la misma manera, acompañamos a los hermanos de Perú con el objeto de que se les conceda una audiencia preliminar en el próximo período de sesiones ordinarias de la mencionada Comisión.
6. Rechazamos en forma enérgica la utilización de procedimientos disciplinarios como mecanismos explícitos o encubiertos para influir en la  decisión jurisdiccional o sancionar  a los jueces o juezas que dictan resoluciones que no son del agrado de las autoridades políticas, legislativas o judiciales de grado superior.
7. Hacemos un llamado a la Excelentísima Corte Suprema de Chile, para que se abstenga de reglamentar procedimientos relacionados con el nombramiento de los jueces, su régimen disciplinario y el gobierno judicial, al margen del debate democrático e invadiendo atribuciones de los poderes legisladores e instamos al mencionado máximo Tribunal a otorgar pleno reconocimiento a la Asociación Nacional de Magistrados de Chile como único y legítimo representante de los jueces chilenos.