Alejandro Madrigal/Milenio
MÉXICO, D.F.- Desde 2011 a la fecha los Documentos notariales de Voluntad Anticipada (DVA), en donde las personas solicitan no someterse a tratamientos médicos en caso de padecer una enfermedad terminal para tener una muerte digna, crecieron más del 500 por ciento.

Desde que la Ley de Voluntad Anticipada fue aprobada en 2008 en la Ciudad de México, se habían realizado poco más de 700 DVA, pero una vez iniciada la campaña llamada Marzo, mes de la Voluntad Anticipada, en donde se les hace un descuento del 60 por ciento a personas mayores de 60 años para adquirir su DVA, es decir pagan 400 pesos, se han contabilizado tres mil 972 DVA.

El escritor Rafael Pérez Gay recibió, junto con el subsecretario de Salud, Román Rosales, su Documento de Voluntad Anticipada y recordó que en su libro El cerebro de mi hermano, en el que narra la muerte del escritor y diplomático José María Pérez Gay, a los 70 años cumplidos, "de una enfermad neurodegenerativa compleja", se preguntó por qué él y su familia no se había preparado para el momento más difícil de la enfermedad de su hermano que era irreversible.

"La Voluntad Anticipada no es un Documento de muerte, más bien, un documento de vida, de amor y un documento de orden legal, en donde yo estoy diciendo que si padezco una enfermedad terminal no quiero que me conecten ni que me den cuidados intensivos, sólo quiero tener un tránsito placentero y que mi familia quede protegida y que todos queden en paz", dijo el también columnista de Milenio.

De acuerdo con el subsecretario de Salud, Román Rosales, el 65 por ciento de las personas que obtuvieron este documento son mujeres, contra un 35 por ciento de hombres. De ellas las mujeres solteras son las que más realizan este trámite, con un total de mil 557 casos, contra mil 004 casos de mujeres casadas.

En el caso de los hombres, se tiene un registro de mil 402 casos que han solicitado el trámite ante un notario, de ellos 442 son solteros y 949 son casados.

"La Voluntad Anticipada es la negativa de someterse a médicos, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona cuando por razones médicas o de causa mayor sea imposible mantener su vida de manera normal", explicó Rosales.