Luis Moreno/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a la flexibilización del proceso y la mayor claridad de las reglas de operación, en 2015 se triplicó el número de peticiones de empresarios para acceder al Programa de Inmunidad de la Comisión Federal de Competencia Económica, al registrar el número más alto de solicitantes en nueves años.

La Cofece recibió el año pasado 18 solicitudes de empresarios (en 2014 se registraron seis) para denunciar acuerdos en la manipulación de precios, restricciones de ofertas de productos, divisiones pactadas de mercados, coordinación de posturas en licitaciones e intercambios de información ilegales entre empresas competidoras.

Entre 2009 y el primer semestre de 2015, 52 por ciento de los 25 asuntos de la Cofece que terminaron con multas o compromisos para las empresas involucradas iniciaron con una denuncia.

No obstante, ese programa tiene grandes oportunidades de crecimiento, puesto que ya opera en 50 países del mundo, y en Estados Unidos, Japón y Reino Unido se reciben, en promedio, 51 solicitudes de inmunidad anualmente, afirmó Carlos Mena Labarthe, titular de la comisión investigadora de la Cofece.

El caso más reciente donde se utilizó el recurso de inmunidad para realizar una investigación fue a finales de 2015, cuando la Cofece aplicó una sanción a Whirlpool, Tecumseh Brasil, ACC y Panasonic, y a algunas filiales en el país que coadyuvaron a fijar los precios de compresores herméticos, utilizados en la fabricación de refrigeradores, aires acondicionados y congeladores, mismas que generaron multas por 223 millones de pesos.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a escala mundial los cárteles empresariales provocan un sobreprecio de 23 por ciento en los productos.

El sobrecosto puede ser más elevado, puesto que hace unos años empresas farmacéuticas se coludieron para venderle medicamento al IMSS a un precio mayor a 50 por ciento, afirmó Laura Méndez en el libro Derecho de la competencia en México.

El inicio

El recurso se estableció en la ley en 2006, antes operaba solo como un programa administrativo. Los cambios importantes fueron en 2013 y 2014, porque se fortaleció la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) con varias medidas, recordó Mena Labarthe.

Entre los cambios, el fiscal de la Cofece mencionó que se dejaron claras las sanciones, tanto a nivel administrativo como penal, se dieron mayores facultades a la autoridad, como las visitas de verificación sorpresa, que pueden ser en coordinación con la Procuraduría General de la República.

Mena Labarthe indicó que en las visitas la autoridad no embarga nada, pero puede obtener copias de documentos en cualquier formato, ya sea en papel o electrónico, aunque no se encuentre el representante legal, y en caso de que las empresas no cooperen con la autoridad hay sanciones fuertes.

“Con la reforma de 2014 se adicionó la posibilidad de sancionar penalmente a quienes destruyan evidencia o obstruyan la realización de las visitas de verificación”, subrayó.

No obstante, dijo que la ley ofrece a las personas o empresas que se integren al programa la reducción de casi la totalidad de las multas por prácticas monopólicas absolutas, que pueden ser hasta 10 por ciento de los ingresos anuales de una empresa a una equivalente a un salario mínimo, y exentar penas de prisión hasta de 10 años e inhabilitación para ejercer cargos administrativos.

Otra razón por la que han aumentado las solicitudes de inmunidad es que la reforma da mayor certeza y los operadores está más interesados en participar, afirmó Miguel Flores Bernes, abogado especialista en competencia y quien fuera comisionado en la extinta Cofeco.

Agregó que el proceso se hizo más flexible, puesto que ahora la inmunidad procede tanto para el inicio de una investigación como para su conclusión; además, se esclareció la participación de las personas físicas y de empleados de las empresas, e inclusive se publicó una guía.

Explicó que la vía para ingresar al programa es mediante un correo electrónico, al cual solo tiene acceso una persona, y se establece un marcado, que es una clave alfanumérica.

Puntualizó que después la Cofece asigna un marcador, que es una clave alfanumérica que explica la condición del solicitante, después se asignan los criterios a seguir y los pormenores de las reuniones entre autoridades y participantes.

“El sistema de marcadores en México ha sido una verdadera piedra angular del Programa de Inmunidad, proporciona certeza y claridad a los solicitantes públicos y en potencia garantizar que todos tengan la misma oportunidad de tener un lugar y permanecer en la línea de indulgencia”, señaló la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en su análisis sobre el Programa de Inmunidad de México en 2014.

Agregó que entre 2012 y 2014 cinco investigaciones en México se procesaron con más de un solicitante de inmunidad, lo cual ha mostrado que esa herramienta es útil para mantener el interés en participar.

Experiencia internacional

El primer programa de inmunidad en Latinoamérica se estableció en Brasil, en 2000; y el segundo fue en México, unos años después, afirmó el abogado especializado en derecho de la competencia Pablo 
Trevisan.

El especialista argentino señaló que los programas de inmunidad son herramientas efectivas y de muy bajo costo para que las autoridades de competencia detecten y combatan eficazmente a los cárteles.

Agregó que en los países de Latinoamérica aquellos que otorgan inmunidad penal son los que mejor funcionan.

“Por ejemplo, el caso de Chile, que no otorga inmunidad penal, ha tenido varios tropiezos desde su implementación y ahora está analizando una seria modificación de su sistema”, explicó.

El especialista consideró que en ciertos casos, además de las inmunidades administrativa y penal, la inmunidad se debería extender también a cierta parte de la esfera de la responsabilidad civil, como sucede en Hungría.

En tanto, Andrés Font Galarza, especialista en competencia del despacho internacional Gibson Dunn, señaló que el sistema de clemencia de México tiene muchas similitudes con el sistema que utilizan algunos de los países más adelantados de la OCDE.

No obstante, dijo, siempre los programas tienen que seguir trabajando cada vez con mayor transparencia de las líneas directrices, coherencia en la aplicación y seguridad jurídica.

Indicó que siempre se puede mejorar, aunque las diferencias entre los sistemas de algunos países que son demasiado marcadas, a veces dificulte el trabajo de coordinación en los casos con implicaciones internacionales.

El proceso

Cuando un empresario entra alprograma se le pide cierta información, y la Cofece abre una investigación para corroborarla, lo cual puede durar de 30 a 120 días, con posibilidad de ampliarse cuatro veces.

En caso de que haya una probable responsabilidad de alguien se emplaza a la empresa o persona a un proceso llevado en forma de juicio, que puede durar de ocho a 10 meses.

”Nos coordinamos con otras autoridades para realizar la visita solo para proteger a nuestros funcinarios, su integridad física, y en ese sentido sí hemos hecho uso de la fuerza pública para acompañarnos a las visitas”, Carlos Mena Labarthe.