Agencias
MÉXICO, D.F.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas a la Ley General de Víctimas y lo turnó al Ejecutivo para sus efectos legales.

Con 445 votos a favor, tres abstenciones y cero en contra se avaló el dictamen de la Comisión de Justicia que contempla modificaciones a 180 artículos a propuesta del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, México SOS, Causa en Común y Alto al Secuestro, a fin de garantizar su aplicación, según publica Milenio.

Al fijar el posicionamiento por parte del PRI, la legisladora María del Rocío Corona indicó que es urgente dar atención y protección a los familiares de las víctimas “que han sobrevivido al horror”.

Dijo que con esta legislación el Estado reconoce su obligación con las víctimas y mencionó que su bancada apoyará su implementación y cumplimiento por una paz duradera.

La panista Karina Labastida destacó la necesidad de este marco jurídico legal y exigió a los tres niveles de gobierno perseguir a las organizaciones criminales que atentan contra la sociedad.

Desde la tribuna, la diputada del PRD, Margarita Tapia, celebró los cambios aprobados en San Lázaro y recordó el “trámite difícil” de esta ley debido a que el ex presidente Felipe Calderón “la satanizó”.

La legislación reconoce los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de las víctimas del delito, además de establecer la figura de reparación integral de daños con el pago de indemnizaciones y atención especializada.

Para ello se establece un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que se conformará con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero también con los generados por la venta de bienes decomisados en procesos penales o de fianzas, multas, sanciones y donaciones, entre otros.

Entre los aspectos más relevantes de la ley destaca también la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en el que participan diversas instancias de los tres órdenes de gobierno, así como sectores de la sociedad.

“Se trata de un sistema nacional que reconoce y se relaciona con todos los sistemas ya existentes, pero mantiene un objetivo específico centrado en la protección de las víctimas”, precisa.