Verónica Gascón

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El sector privado y la Secretaria de Hacienda realizarán mesas de trabajo para modificar puntos de la miscelánea fiscal que les resultan preocupantes.

En una reunión que sostuvieron miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con el Secretario Arturo Herrera, el sector privado le entregÓ un documento que incluye los puntos en los que no están de acuerdo, como equiparar el fraude fiscal con la delincuencia organizada.

El Secretario Herrera afirmó que podrían hacerse modificaciones si se encuentra algún problema de diseño.

"Creamos una mesa de trabajo y dí instrucciones a mi equipo de que primero se les informe cuál es el objetivo, como tiene candados para evitar la discrecionalidad, y si encontramos algún problema de diseño a partir de este diálogo.

"Si reconocemos que hay algo que pudiera mejorarse, estamos dispuestos. El asunto no es desincentivar la inversión, sino que haya un piso parejo, de que todos cumplan con sus contribuciones", afirmó Herrera al término de la reunión.

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Preocupa a CCE comparar el delito fiscal con delincuencia organizada

Por su parte, Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE subrayó que una de sus mayores preocupaciones es que se compare el delito fiscal con delincuencia organizada.

"Lo que nos preocupa es que haya discrecionalidad por parte de la autoridad, que comparen un delito fiscal con delincuencia organizada y cuando te tengas que defender de un delito fiscal lo tengas que hacer ya en la cárcel", subrayó Salazar.

Anticipó que en las mesas de diálogo tratarán los temas de modificaciones al código fiscal, a la ley del ISR y a la del IVA.

"Hablamos de todas las modificaciones que se están intentando hacer al código fiscal, las modificaciones a la ley del ISR y a la del IVA y todas aquellas atribuciones al fisco, sin tener el contribuyente derechos iguales", comentó.

Por su parte, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, añadió que además de la criminalización de los contribuyentes por algún incumplimiento, también es preocupante por el gravamen a la economía digital, el tratamiento a falta de deducibilidad plena de los intereses que se pagan por las empresas y las retenciones a los ahorradores del sistema financiero, entre otros puntos.