Agencias
MÉXICO, D.F.- La Procuraduría General de la República (PGR) publicó este jueves el acuerdo por el que se establecen las directrices que deberán seguir los servidores públicos que intervengan en la cadena de custodia de los indicios o elementos materiales probatorios.

La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica a un indicio (huellas, vestigios, señales localizados, descubiertos o aportados que pudieran estar relacionados con un hecho delictivo), la cual deberá comprender las etapas de procesamiento de material, traslado, análisis, almacenamiento y disposición final.

Previo a la cadena de custodia, se deberá llevar a cabo la preservación del lugar de intervención, con el objetivo de evitar la pérdida, alteración, destrucción o contaminación del sitio y sus indicios.

El documento, que entrará en vigor dentro de 15 días naturales, establece que toda persona que tenga contacto con los indicios o elementos materiales probatorios deberá dejar constancia de su intervención en el Registro de Cadena de Custodia.

Indica que se abrogan los acuerdos A/002/10 y A/078/12, así como todas las disposiciones normativas que se opongan a lo previsto en este documento, el A/009/15.

La PGR también dio a conocer el acuerdo por el que se reforman los artículos Segundo y Tercero, fracciones I a VII y IX a XII, del acuerdo A/068/12, por el que se crea la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en esta dependencia.

Planes y proyectos

Con la modificación, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2014, se establece que ésta quedará adscrita a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y se puntualizan las facultades de quien esté al frente de la Unidad para la Implementación.

De igual forma, se indica cómo precisar el impacto que tendrá en la unidades administrativas de la PGR la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, con base en la legislación aplicable.

Así como poner a consideración del procurador general de la República, por conducto del titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, los proyectos y planes diseñados para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, entre otros.