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CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidencia de la República informó que se tienen contratos con las calificadoras Moody’s, Fitch y S&P, que evalúan el desempeño económico del gobierno, y que del periodo 2017-2022 significarán un gasto público de dos millones 720 mil dólares.

Tal y como lo comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de ayer, en una tarjeta informativa se dieron los datos de los costos de esas firmas y la forma en que operan.

Las agencias se contratan de forma anual y Moody’s y Fitch tienen estatus vigentes y renovados el 15 de mayo de 2018 y 23 de octubre de 2019, respectivamente, mientras que S&P está vencido, pero su renovación sería este viernes 25 de octubre.

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De acuerdo con la información de la Presidencia, en el caso de Moody’s los periodos de contratación son 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020 por un costo de 300 mil dólares anuales, lo que representa un costo de 900 mil dólares en total.

En tanto, Fitch tiene contratos con el gobierno federal para 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022 por 300 mil dólares los dos primeros dos periodos y el último por 310 mil dólares, lo que significa en suma 910 mil dólares.

S&P, cuyo contrato se renovará este 25 de octubre por los periodos 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022 también tendría un costo por 300 mil dólares los primeros dos periodos y el último por 310 mil dólares, es decir 910 mil dólares por los tres.

El documento difundido por la Presidencia de la República detalla que estas firmas son conocidas en México como instituciones calificadoras de valores y dan servicio sobre análisis, evaluación y determinación de la calidad crediticia de una entidad, en este caso un gobierno.

“Su función es informar al mercado sobre los riegos reales que enfrentan los inversionistas. Al calificar las agencias dan un panorama de la capacidad estructural y del entorno del emisor para enfrentar sus compromisos de pago”, señala.

La Presidencia de la República explica que las calificaciones expresan la opinión que tiene una agencia sobre la habilidad y voluntad de pago de un emisor, así como de su capacidad para enfrentar sus obligaciones financieras en tiempo y forma.

Sin embargo, aclara, las calificaciones no son recomendaciones de compra o venta, pues su intención es ofrecer a los inversionistas y participantes del mercado la información relacionada con el riesgo crediticio de los emisores, finalizó.