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CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que investiga la queja de presos en cárceles federales… por el precio en que les venden papas fritas, artículos de papelería y aseo personal, publicó animalpolitico.com

“Se ha emitido un oficio que contiene un requerimiento de información con fundamento en el artículo 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) dirigido a la empresa Klasnic, S.A. de C.V., la cual ha manifestado que en los próximos días rendirá un amplio informe pormenorizado de los hechos que rodean a esta denuncia”, indicó Profeco, en un comunicado.

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De acuerdo con un reporte de Reforma, entre las personas que se quejaron por los precios, enviando cartas a la Profeco, están personajes como Vicente Carrillo Fuentes, exlíder del Cártel de Juárez; Sidronio Casarrubias, de Guerreros Unidos; y José Noé Barajas, de Los Caballeros Templarios.

Más de 60 internos del Altiplano firmaron la queja, y en el penal de Occidente, más de 70, detalló Reforma, entre ellos José de Jesús Méndez Vargas, conocido como “El Chango Méndez”, identificado como uno de los líderes del grupo criminal La Familia Michoacana.

En su queja, según el diario, los reos expusieron que, por ejemplo, en la cárcel les venden ahora Cheetos de 255 gramos a 60.50 pesos, siendo que hasta hace poco el precio era de 36 pesos. Una bolsa de Doritos, les cuesta 62 pesos, y el precio anterior era de 40.

Los reos en penales federales del Altiplano y de Occidente, denunciaron ante Profeco que los precios, en promedio, tanto de las papas como de productos de aseo y papelería, aumentaron en promedio 20%, en tiendas de las prisiones.

“Somos obligados a comprar productos para nuestra alimentación, aseo y papelería a un excesivo e injustificado sobreprecio”, expresaron en una carta, de acuerdo con Reforma.

“Somos obligados porque no se nos proporciona una adecuada alimentación, porque sólo existe una opción que monopoliza la venta de productos, porque requerimos artículos de papelería para poder comunicarnos con nuestros familiares y juzgados para ejercer nuestro derecho de defensa”, agregaron.

La Procuraduría solicitó información, para verificar que los “productos que se venden a las personas privadas de su libertad (PPL) en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) sean vendidos al mismo precio que se pague por ellos en el mercado regular”.

Todos los consumidores, apuntó Profeco, “independientemente de su condición y de las circunstancias en las que participan como consumidores, incluidos los centros penitenciarios, cuentan con el manto protector de la Ley Federal de Protección al Consumidor”, por ser un derecho constitucional.

“La institución estará atenta a las quejas y denuncias de estas personas sin que sea óbice el hecho de que estén privadas de su libertad”, señaló la Procuraduría.

“En los próximos días la Profeco emitirá una resolución en unión del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, donde se tomarán acciones y medidas para solucionar esta problemática de consumo”, agregó.