El feminicidio de “Chuyita” en San Luis Potosí, provocó que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, anunciara hace unos días que presentará una iniciativa para endurecer las penas en contra de violadores, solicitando particularmente castración para quienes sean procesados legalmente.

“Va seguir sucediendo si no metemos mano dura, hay que recordar que las malditas herencias nos dejaron eso, las malditas herencias de  no poder reformar la ley, de no poder meter mano dura, siempre perdiendo los derechos humanos, pero dejando desprotegidos a miles de personas en el caso de las violaciones”.

En ese sentido, el mandatario potosino anunció que mandará una iniciativa al Congreso de San Luis Potosí para que se cape a violadores de niñas y niños, así como pena de muerte contra asesinos.

“Estamos enviando una iniciativa al Congreso local, donde vamos a exigir que capemos, en San Luis Potosí se va a capar a todos los violadores, ya no queremos violadores en San Luis Potosí y como aquellos que asesinan, también pedir la pena de muerte, porque eso ya no puede suceder en San Luis Potosí, ya tenemos que erradicar la violencia y una manera de erradicarla es metiendo mano firme”.

Ante estos hechos, los líderes de la iniciativa privada se han pronunciado al respecto con opiniones encontradas.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco SERVYTUR) y el también presidente de la Alianza Empresarial, Juan Sevando Branca Gutiérrez indicó que de forma personal apoya la propuesta pues es inconcebible defender los derechos humanos de quiénes cometen este tipo de crímenes tan "atroces".

"Mi posicionamiento a título personal es totalmente de acuerdo, apoyo total a esta iniciativa del gobernador... ellos mismos son inhumanos al realizar estas acciones con niños y niñas, hay gente que puede opinar que es muy radical pero totalmente mi apoyo y es mi opinión personal", precisó.

Explicó que en caso de que en un futuro se pudiera aplicar este tipo de medidas en San Luis Potosí, es de suma relevancia que existan las garantías de procesos con total apego a la ley para garantizar que no se estará sancionando a personas inocentes.

Asimismo, en entrevista por separado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor D' Argance Villegas opinó que es una medida extrema que se convertiría en una "carnicería" que no brindaría una solución de fondo para que este tipo de delitos ya no ocurran.

"Considero en lo personal que deben respetarse a toda costa los derechos humanos de las personas, por más dramáticas que sean los castigos no se soluciona la situación, se necesita entrar de raíz", subrayó.

Aunque con posturas distintas, ambos líderes empresariales coincidieron en qué el Sistema de Justicia en el estado no brinda actualmente las garantías para asegurar que este tipo de sanciones se lleven a cabo de forma eficiente.

(Con información de El Universal)