Ignacio Alzaga/Eugenia Jiménez/Milenio
MÉXICO, D.F.- La Procuraduría General de la República (PGR) gastó 12 millones 913 mil 797 pesos en el contexto de la investigación del caso Iguala, entre octubre de 2014 y septiembre de 2015, según un informe obtenido por Milenio vía transparencia.

El gobierno federal pagó en este periodo 16 mil 830 euros al Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, Austria, donde se realizaron análisis de restos óseos para determinar si pertenecen a normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Este monto fue equivalente a 308 mil 236 pesos de acuerdo con el tipo de cambio que estaba vigente, informó la PGR mediante el oficio SJAI/DGAJ/14812/2015.

La unidad administrativa de la institución dio a conocer que de octubre de 2014 a septiembre de 2015 se otorgaron recursos por concepto de viáticos (hospedaje, alimentación y traslado) para las diligencias ministeriales realizadas en la indagatoria de Ayotzinapa.

El gasto ascendió a tres millones 212 mil 840 pesos, de los cuales un millón 307 mil 365 correspondieron a 2014 y un millón 905 mil 475 a viáticos de 2015.

La PGR señaló que en ese lapso no se generó pago alguno a integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para difundir desplegados de prensa con las fotografías, nombres y recompensas que se ofrecen por datos que lleven  a la localización de los jóvenes la PGR pagó nueve millones 392 mil 721 pesos.

En una primera etapa, la procuraduría erogó en medios impresos nacionales y de Guerrero un total de cinco millones 128 mil 933 pesos. Mientras que en medios de Guerrero gastó cuatro millones 263 mil 788 pesos.

El 21 de octubre de 2015, la PGR publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo específico A/087/14 para la localización de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos.

Se ofrece hasta un millón 500 mil pesos a quien o quienes proporcionen información veraz y útil para ubicar a los 43 normalistas, así como otro millón 500 mil pesos para la detención de cada uno de los probables responsables en este caso.

Los gastos de la indagatoria relacionada con la desaparición de los normalistas fue proporcionada en noviembre pasado, con base en información de la Seido, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Oficialía Mayor, que entonces eran las unidades administrativas facultadas para ello.

En octubre de 2015, el expediente del caso Iguala pasó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR que estuvo a cargo de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada.

El 5 de octubre de 2014, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (Ueidms), dependiente de la Seido) inició la investigación por “los delitos de delincuencia organizada y los que resulten”, en agravio de los 43 estudiantes, ocurridos el 26 de septiembre de aquel año en Iguala, Guerrero.

Lo que dijo Murillo

El 7 de diceimbre de 2014, el entonces procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer que la Universidad de Innsbruck, Austria, identificó que los restos de un varón encontrados en el basurero municipal de Cocula coindicen con uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Al ofrecer un avance de las investigaciones sobre el caso Iguala, Murillo Karam indicó en ese entonces que se trataba de Alexander Mora Venancio, hijo de Ezequiel Mora Chávez, cuya muestra dio resultados positivos de un billón de veces más probable en comparación con otro individuo.

Agotar líneas de investigación: "Ombudsman"

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, indicó que la Procuraduría General de la República debe agotar todas las líneas de investigación en el caso Iguala, sin descartar ninguna hipótesis, las que compruebe, y “las que no se comprueben tendrán que ser soportadas con información”.

Lo importante, dijo, es que se conozca qué sucedió en los acontecimientos el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 normalistas, y que “puedan fincarse las responsabilidades correspondientes, que haya acceso a la justicia por parte de los familiares de las víctimas y que este suceso sirva para que no se repitan hechos como estos”.

De la creación de la nueva oficina que se va a encargar del caso Iguala, que anunció la Procuraduría General de la República, González destacó que la PGR “es la institución responsable, y que buscará la mejor forma de organizarse,  pero lo importante es que dé resultados sobre la verdad de lo acontecido.”

Sobre la decisión de la PGR de abandonar la hipótesis del basurero de Cocula, el ombudsman indicó que la CNDH desde su reporte, del 23 de julio destacó que se tenían que seguir “todas las posibilidades de rutas para saber el paradero de los jóvenes.